El presidente de la Federación Latinoamericana de Fiscales, Ronald Segura envió una carta al secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro en la que expresa su preocupación ante los reiterados hechos que afectan a la independencia del Poder Judicial en Guatemala.
También expresó su preocupación ante la persecución y ataques contra los operadores de justicia, quienes estuvieron a cargo de investigaciones contra estructuras criminales.
“El suscrito en mi condición de Presidente de la Federación Latinoamericana de Fiscales y con la venia del Comité Ejecutivo de la organización que agrupa a las Asociaciones Fiscales de doce países latinoamericanos, por este medio queremos hacer llegar a su despacho y conforme a lo dispuesto en la Carta de la Organización de los Estados Americanos artículos 1, 2 inciso b), 3 inciso b), 18 y 110, una solicitud formal para que esta Secretaría General analice poder llevar a la Atención de la Asamblea General de la Organización o del Consejo Permanente la situación tan grave que afrenta el sistema democrático en Guatemala y más específicamente la grave afectación que sufre el sistema de Justicia Penal”, se lee en la referida carta.
Segura indicó que en los últimos meses y desde la salida de la CICIG en Guatemala el Poder Judicial ha perdido independencia, lo cual queda en evidencia en el extenso comunicado de Prensa de la CIDH 2022-037, en el que la Comisión manifestó su preocupación por recientes actos de criminalización y persecución judicial, en contra de personas operadoras de justicia y ex integrantes de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG).
Explicó que esta criminalización implica denuncias penales temerarias y persecución contra jueces, fiscales y exfiscales por sus acciones de investigación y procesamiento de estructuras criminales vinculadas con el Poder Político y Económico, muchos de estos casos llevados adelante con apoyo de la CICIG.
Y que ahora muchos de los exmiembros de dicho Organismo están exiliados, en detención en Guatemala o sufriendo medidas cautelares “en un claro y evidente rompimiento del equilibrio de Poderes y por ende del Sistema Democrático”.
“Este ataque al interno del propio Poder Judicial contra sus mismos miembros ha debilitado en extremo la seguridad de estos operadores de justicia, fiscales, jueces etc., quienes están siendo blanco de amenazas personales y ataques a su integridad física que mas grave aún el Poder Judicial de Guatemala, en especial el Ministerio Público no está realizando acciones de investigación de estos hechos”, agregó en la misiva.
También recordó el más reciente informe de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y la Unión Internacional de Magistrados (UIM) quienes han hecho pública su preocupación por la falta de acción del Ministerio Público para investigar los casos de amenazas y ataques contra juezas, jueces y operadores de Justicia.
“Estas situaciones recién señaladas de persecución interna, combinada con amenazas a la seguridad personal no investigadas y además el incumplimiento de las medidas de Seguridad por parte del Estado de Guatemala respecto a los miembros del Poder Judicial, están convirtiendo a los operadores de Justicia en blanco de grupos criminales, quienes ante la total inacción del Estado y la total impunidad por la falta de acción de investigación del Ministerio Público de Guatemala no cuentan con ninguna seguridad al ejecutar sus labores”, escribió en la referida carta.
Agregó que a situación para la justicia guatemalteca no puede ser más grave, el rompimiento de la Independencia Judicial y de la separación de Poderes es evidente, lo que representa un grave riesgo para la democracia en Guatemala y requiere de acciones urgentes por los actores internacionales.
“Es por lo cual que consideramos procedente el que la Secretaría General que usted preside analice el llevar a la Atención de la Asamblea General de la Organización o del Consejo Permanente las violaciones a la Independencia Judicial en Guatemala, la persecución de los operadores de justicia y la falta de garantías para su seguridad personal y que se logre llamar la atención del Estado guatemalteco y sus diferentes instituciones, de manera que no tengamos que lamentar a futuro el cercenamiento de vidas humanas entre los operadores de justicia”, solicitó Segura a Almagro.
