El exministro de Economía y exdirectivo de Tigo, Acisclo Valladares Urruela se declaró culpable por lavador de dinero en Estados Unidos, por lo que podría cumplir una condena de diez años, y luego salir en libertad supervisada de hasta cinco años, según una nota de Plaza Pública.
El acuerdo de culpabilidad fue firmado el pasado 7 de julio con la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida, por lo que aceptó haber lavado 9.5 millones de dólares en Estados Unidos para pagar sobornos a diputados y usos varios.
“El acusado acepta declararse culpable del cargo I, que cuenta los cargos desde enero de 2014 o alrededor de esa fecha hasta diciembre de 2018 o alrededor de esa fecha en el condado de Miami-Dade, en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, el acusado conspiró a sabiendas y deliberadamente para participar en una transacción Monetaria en el comercio exterior a través de una institución financiera, en propiedad privada delictiva de un valor superior a 10 mil dólares que se derivó de un delito contra una nación extranjera que involucra soborno o para el beneficio de un funcionario público”, se lee en el acuerdo de culpabilidad de Valladares.
Asimismo, Plaza Pública explicó que el exfuncionario aceptó cooperar con la fiscalía trasladando información que le sea requerida sobre los hechos de los cuales se declaró culpable, brindar testimonios y acceso a documentos necesarios en la investigación.
También le serán decomisados 140 mil dólares, valor de los bienes obtenidos por Valladares cuando lavaba dinero. Por este delito, el tribunal podría emitir una sentencia máxima de diez años de prisión y luego otorgar una libertad supervisada de hasta cinco años, obligando al acusado de acudir a declarar cuando le sea requerido.
Según un reporte de un agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Valladares utilizó un esquema de “trasferencias espejo” para blanquear el dinero. Con la ayuda de Álvaro Cóbar, exdirectivo del Banco de Crédito y también colaborador para la justicia en EE. UU., depositaban efectivo en una empresa en Guatemala y retiraban el mismo monto en Miami, Florida, para ocultar las operaciones pues el dinero nunca salía ni ingresaba a ninguno de los dos países.
Sin embargo, el exfuncionario solicitaba altas cantidades de dinero que no se podían cubrir con reservas del banco, por lo que siguió la recomendación de Cóbar e inició el lavado de dinero pero con fondos provenientes del narcotráfico. Dicho dinero fue utilizado en 2014 para pagar sobornos a diputados del Congreso para aprobar la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles, explicó Plaza Pública.
Las investigaciones de este caso estuvieron a cargo de la antigua Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), y de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG]).
El caso fue denominado Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo, ya que se trataba de una estructura de funcionarios que daban instrucciones a los legisladores para su beneficio a cambio de dádivas, la cual estaba liderada por la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Cada diputado recibía periódicamente un soborno de Q50 mil pagados por Tigo.
Valladares Urrela también se encuentra vinculado en el caso Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero, el cual vincula a varios funcionarios incluido el expresidente Otto Pérez Molina, el expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan de Dios Rodríguez y al exsecretario privado del presidente Álvaro Colom, Gustavo Alejos, siendo una red de personas con «alto poder político» coordinadas para obtener beneficios producto del cobro de sobornos.
Por estos dos casos, en Guatemala, Valladares tiene pendientes órdenes de captura en su contra por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita.
