Durante una audiencia, el exministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela pidió ser excluido de las investigaciones en su contra por el caso “Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero”, asegurando que existe doble persecución en su contra.
La defensa de Valladares expusó sus argumentos ante la Sala Primera de Mayor Riesgo por el expediente del caso que es conocido en el Juzgado de Mayor Riesgo D, el cual también pretenden sea declarado como incompetente para continuar con el mismo.
Según el papá y abogado del acusado, Acisclo Valladares Molina, en el Juzgado Cuarto Penal existe un expediente con los mismos hechos del caso denominado “Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero”.
Según las investigaciones del caso, Valladares Urruela habría aprovechado su puesto, para supuestamente obtener beneficios económicos de contratistas del Estado, a quienes se presume les requirió sobornos.
El caso de corrupción fue develado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019, el cual, según las pesquisas, se habría blanqueado US$7 millones 297 mil 650.
Asimismo, las autoridades indicaron que los implicados utilizaron bufetes de abogados y constructoras para «encubrir el origen y lavar dichos recursos a través de sociedades off shore con sede en Panamá y Belice, y la compra de bienes inmuebles».
Valladares Urruela por su parte, habría manejado las acciones de las sociedades off shore Tessant Inc., Ranger Worldwide Services Inc. y Vitchier Services Inc., las cuales se encontraban en Panamá y eran mantenidas con recursos de supuesto origen ilícito. Las mismas cuentas están relacionadas al empresario Gustavo Adolfo Alejos Cámbara.
El exfuncionario fue condenado en Estados Unidos por haber utilizado el sistema bancario de ese país para introducir US$350 mil, producto de sobornos con el fin de trasladarlos a otros políticos, por lo que se declaró culpable en 2022 ante la Corte del Distrito Sur de Florida. También aceptó haberse quedado con US$140 mil, como pago por recibir el dinero.
Como parte de la sentencia, acordó entregar ese dinero al gobierno de EE.UU., como resarcimiento por el daño que causó a la seguridad bancaria de ese país.
