Exfiscal anticorrupción, Stuardo Campo es ligado a proceso por el delito de incumplimiento de deberes

Foto: MP

El Juzgado Noveno Penal resolvió ligar a proceso al exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, señalado del delito de incumplimiento de deberes. También se procesó por ese mismo delito a los fiscales auxiliares Rafael Chilel y Carlos Faustino Pérez Flores.

Por tal razón, los tres exfiscales deberán continuar en prisión preventiva en Mariscal Zavala. Por su parte, el fiscal Brayan Palencia fue beneficiado con falta de mérito, quedando en libertad, sin embargo, quedó sujeto a las medidas de coherción de arraigo en el pais, prohibición de salir del pais; arresto domiciliario en su propio domicilio, firmar en el Ministerio Publico y en el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.

El Ministerio Público (MP) informó que, de acuerdo con la investigación, en el ejercicio de sus funciones en la Fiscalía de Sección contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, los señalados realizaron acciones que causaron que una persona de 70 años fuera aprehendida injustamente y estuviera en un centro privativo de libertad por 27 dias en espera de resolver su situación juridica.

Por ello, el juzgado fijó como fecha para entrega del acto conclusivo el 4 de agosto y la audiencia de fase intermedia para el 22 de agosto de 2023.

Muentras que, a favor de la víctima y querellante otorgó como medida cautelar el embargo de todas las cuentas del sistema bancario de los procesados Stuardo Ernesto Campo Aguilar, Gonzalo Rafael Chilel López y Carlos Faustino Pérez Flores.

Campo era parte de la Fiscalía contra la Corrupción, en donde conoció los casos como Libramiento de Chimaltenango, solicitando las ordenes de captura contra el exjuez Mynor Moto y el extitular de Comunicaciones, José Luis Benito, también investigó a funcionarios del gobierno de Jimmy Morales e inició investigaciones contra el actual mandatario, Alejandro Giammattei, pero fue trasladado a la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes en abril de 2021, por decisión de la fiscal general, Consuelo Porras.