La Interpol activó la alerta roja internacional para la búsqueda y localización de siete personas, entre las que se encuentran la esposa e hijo del diputado Jorge García Silva, quienes continúan pendientes de captura por su presunta participación en actos de corrupción en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
La activación de la alerta roja internacional la había solicitado la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) en diciembre del 2021, la cual fue autorizada por la Interpol, según confirmó este día el ente investigador.
Por ello, son buscados internacionalmente para enfrentar la justicia, Mirtha Trinidad Monterroso Bonilla y Jorge Eduardo García Monterroso, esposa e hijo del diputado Jorge García Silva, respectivamente, a quienes se les señala de ser los principales beneficiarios de Q30 millones que el Insivumeh pagó por equipos de monitoreo sismológico, vulcanológico y meteorológico.
Las otras personas señaladas de corrupción en el Insivumeh por el caso denominado Clima, Corrupción y Poder, y que figuran en la lista roja de la Interpol son la asesora del diputado García Silva, María Véliz Castañeda, Silvia Patricia Martínez Bonilla, Juan Carlos Véliz Castañeda, Emilio Alfredo Barillas Padilla y Klaus Herbert Flesicher Kepfer.
La Fiscalía indicó que existe la posibilidad de que algunos implicados salgan del territorio nacional para evitar enfrentar a la justicia, ya que la semana pasada se esperaba que algunos se entregaran, por lo que fue agendada una audiencia de primera declaración, sin embargo, ninguno acudió a tribunales, por lo que fue suspendida.
El MP ha indicado que el diputado Jorge García Silva también se encuentra vinculado en el caso, así como el legislador y exministro de Comunicaciones, Josué Edmundo Lemus, sin embargo no ha gestionado la solicitud de retiro de inmunidad en su contra.
Las investigaciones del caso Clima, Corrupción y Poder iniciaron tras una denuncia recibida en el MP el 21 de noviembre de 2020, en la que indicaban que un legislador facilitó contratos de servicios de asesoría a personas vinculadas a su partido y familiares para beneficios en la adjudicación.
Posteriormente, el ente investigador detectó que se contrató a una entidad mercantil, por Q21 millones, vinculada al diputado García Silva y a su esposa, así como un contrato por Q1 millón 980 mil con otra entidad comercial relacionada con el esposo de una asesora de la agrupación política a la que pertenece.
