El subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Brian A. Nichols informó por medio de su cuenta de Twitter que habló con el canciller guatemalteco, Mario Búcaro para abordar el tema de las Elecciones Generales en el país y la judicialización del proceso electoral.
El también embajador resaltó que es de vital importancia “permitir que la segunda vuelta electoral de Guatemala se lleve a cabo sin interferencia o acoso a candidatos y partidos”.
Asimismo, el funcionario estadounidense dijo que el pueblo guatemalteco tiene derecho a elegir sus propios líderes sin interferencia de ningún tipo.
Mientras tanto, este lunes se realizan manifestaciones en la sexta avenida de la zona 1 capitalina, frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ministerio Público y oficinas el Procurador de los Derechos Humanos, en donde exigen que se respete el voto ciudadano, el orden constitucional y la democracia.
El paro fue convocado por organizaciones de la sociedad civil, Universidad de San Carlos de Guatemala, sindicatos y comerciantes, al que se sumó el Consejo Nacional Empresarial (CNE).
“Consideramos importante recalcar que los ataques a la democracia seguirán pase lo que pase a partir del 25 de julio y debemos estar dispuestos a parar a nivel nacional para defender ya sea la posibilidad de votar, que por ahora parece garantizada, ya sea que se respete la decisión del pueblo en las urnas”, se lee en un comunicado del CNE.
Por su parte, estudiantes de medicina cuestionaron al PDH, José Alejandro Córdova por la distancia que ha mantenido la Procuraduría ante este tema, y le pidieron que “se ponga del lado del país y de la verdad”, sin embargo, el magistrado de conciencia indicó que lo único que pueden hacer es emitir comunicados.
Mientras tanto, el Parlamento Xinca presentó tres querellas contra la Fiscal General, Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche y el Juez Séptimo, Fredy Orellana por la posible comisión de los delitos de violación a la Constitución y resoluciones violatorias a la Constitución, además pidieron a la CSJ la destitución de Orellana.
