El presidente Alejandro Giammattei finalizóó este miércoles la segunda ronda de entrevistas a los candidatos a ocupar el cargo de Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2022-2026 entre los que se encuentran la actual Fiscal General, Consuelo Porras y el Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado Vivar.
Este día fueron entrevistados el magistrado de Sala de Apelaciones, Néctor Guilebardo De León Ramírez; el presidente de la Junta Directiva de Disciplina del Organismo Judicial, Gabriel Estuardo García Luna y el actual Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado Vivar, todos interesados en dirigir el ente investigador por los próximos cuatro años.
Néctor De León dijo al mandatario que la prisión provisional “la pusieron de moda” en el MP en algún momento y con ello, violaron los Derechos Humanos de muchas personas y el Estado debe velar para que no se violenten esos derechos de los sindicados de algún delito.
Sin embargo, mencionó que el MP ya “reflexionó sobre este aspecto y está ejerciendo su acción que le corresponde para que los sindicados sean escuchados en tiempo razonable. También mencionó que se ha violentado el derecho de presunción de inocencia e incluso han existido casos en los que las personas han salido “sin que se les probara algo”, pero si estuvieron en prisión.
Resaltó la importancia del principio de objetividad en el ente investigador, como lo había indicado en su primera entrevista. Mencionó también la importancia de la capacitación de los fiscales de distrito y agentes fiscales para que los rendimientos y la imagen de la institución sea otra.
Por su parte, Gabriel García mencionó que es importante evaluar resultados y fenómenos sociales de porqué a pesar de existir en ciertos rangos la unidad especializada, en lugar de disminuir los casos han seguido en la misma línea o aumentan.
Agregó que la atención contínua y las 24 horas es importante, pero lo que se espera del MP son resultados y se tiene que mejorar en ciertos aspectos y dependiendo del fenómeno criminal, se pueden establecer en algunos tipos de delitos, medidas desjudicializadoras o tener conciliadores para evitar delitos graves o mayores por un conflicto.
Respecto a los procesos disciplinarios, García mencionó que la Ley Orgánica del MP está “bastante desarrollada” ya que estipula procesos para funcionarios y agentes policiales, pero también para funcionarios fiscales, trabajadores del área administrativa y técnica y para funcionarios de alta jerarquía y desarrolla cada una de las faltas, lo cual a su criterio crea transparencia, permite una investigación y da el derecho de defensa.
El último candidato en ser entrevistado fue el PGN, Jorge Luis Donado quien propuso realizar un nuevo diseño de las políticas del ente investigador, las cuales garanticen una persecución penal eficiente y efectiva a favor de la víctima y se garantice lo derechos del sindicado.
Para ello, definiría las líneas estratégicas, la problemática que puede existir y actualizar todas las instrucciones generales y determinar líneas de acción dentro de la institución, lo cual pretende diseñar en seis meses y en un año poder implementar una política de persecución penal de acuerdo al plan que propone.
“El problema que existe en este momento y que nos genera sobresaturación en el modelo Gestión Integral de Casos (GIC) es que en 25 meses en que ha funcionado han ingresado a la Fiscalía Metropolitana aproximadamente 88 mil casos. Eso implica si hacemos una operación, que a diario si tenemos un equipo de 30 personas, cada uno recibe un poco más de 100 expedientes lo que genera una mora fiscal”, dijo Donado.
Por tal razón, aseguró que es imposible reducir por completo la mora fiscal y propuso disolver la Fiscalía Liquidadora para que se integre a la Metropolitana y Distritales y se trabajen los casos a partir de allí.
