El Ministerio Público (MP) acusó y solicitó 8 años de prisión para la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra, por el delito de abuso de autoridad por haber denunciado por la vía administrativa a un juez que reveló información de un caso a otra persona que no era parte del proceso. La jueza Oly González decidió condenarla a 4 años de prisión conmutables por el delito de abuso de autoridad en forma continuada.
Según la jueza González, a Laparra no le correspondía presentar las denuncias en contra de un Juez, un precedente nefasto porque entonces ya nunca más un fiscal se atreverá a presentar una denuncia contra quienes considere está afectando su trabajo, y es aquí en donde radica nuestra aseveración de que el MP se ha equivocado en acusar a sus propios fiscales.
Y peor aún, que como parte de los operadores de justicia perseguidos y criminalizados, sea la primer sentencia emitida en contra de colaboradores de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
“La condena contra Virginia Laparra, declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional, evidencia que no existe Estado de Derecho en Guatemala y que el Sistema de Justicia está en manos de estructuras criminales que promueven la impunidad y corrupción. Se trata de una sentencia que sienta un pésimo precedente contra fiscales que se inhibirán de presentar denuncias contra funcionarios especialmente contra jueces”, aseguró la Convergencia por los Derechos Humanos, expresiones que compartimos como medio.
Es que el MP como parte del Sistema de Justicia, no se dio cuenta que en la estaca en donde ahora sentaron a Laparra ahí estarán sentados ellos, porque ahora ellos mismos cavaron su tumba al aliarse con las estructuras criminales que creen tener el sartén por el mango.
Pero el MP no debe olvidar que los ojos del mundo están puestos en Guatemala, sobre todo por la persecución que está haciendo contra jueces, fiscales, periodistas y defensores de Derechos Humanos, como que no supiera que las sanciones a los actores corruptos por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos están firmes, y claro ejemplo de ello son las sanciones hechas en contra de la Fiscal General, Consuelo Porras y el actual jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche.
Guatemala no necesita de una justicia como la que hoy tenemos con estos actores corruptos, quienes lucharon en contra de la corrupción y la impunidad, la justicia no debe estar a merced de una organización que lo que busca es solo vengarse de quienes mostraron la podredumbre en la que han tenido a la justicia guatemalteca.
Guatemala no merece este tipo de acciones, no queremos un país que persiga a quienes le dieron un poco de esperanza.
