Arantxa Tirado Sánchez, aborda en su libro El Lawfare, Golpes de Estado en nombre de la ley (Ediciones Akal, 2021) un tópico muy propio de la realidad Latinoamericana actual y que ahora también se ha suscitado en España, y cuyo conocimiento resulta importante para entender la vida política actual. (¿Actual? ¿De Guatemala?, cabría preguntar).
Dicho con palabras de Pascual Serrano, quien escribe la Presentación del libro que ahora me ocupa: «El mecanismo se basa en detectar delitos o comportamientos sobre los que haya unanimidad de repudio, y que además hayan despertado la indignación generalizada entre la ciudadanía (corrupción, robo, fraude). Si se quiere desactivar a un líder político, bastará con imputarle ese delito y su prestigio terminará hundido. En un sistema judicial saneado, el mecanismo para que la acusación sea creíble requeriría una sentencia firme de los tribunales. Sin embargo, las coyunturas y contextos por lo general son más complejos, y los mecanismos con los que se bombardea la imagen de un político son múltiples y complementarios. De modo que el inicio del proceso legal, la campaña de culpabilización en medios afines el despliegue de testimonios acusatorios ad hoc, la preparación ante la opinión pública de supuestas pruebas, todo ello puede generar ya una sentencia popular –sea o no cierto el delito cometido—y, por tanto, una desactivación del oponente político. Y cuando eso no es suficiente siempre se puede recurrir a los vericuetos de un sistema judicial corrupto o, al menos, permeable a un cierto nivel de corrupción: una elección del juez adecuado o apartar al juez que moleste, una prisión preventiva sin necesidad de sentencia, una adecuada elección de otras, etcétera.»
Pascual Serrano presenta también un resumen del proceso evolutivo histórico del lawfare, según el cual la falta de credibilidad de los medios de comunicación hoy en día los hace insuficientes «para consolidar los derrocamientos de presidentes legítimos»; motivo por cual, para «darles una pátina de objetividad… se recurrió al retorcimiento de las leyes y a una judicatura corrompida. Para cubrir esas necesidades, nació el lawfare.»
El Lawfare es un término formado con las palabras law (ley) y warfare (guerra, actividad bélica), procedentes del idioma inglés; y que resulta en la producción de una «guerra jurídica» que se realiza «a través del uso ilegítimo del derecho interno de cada país o del derecho internacional». Y para precisarlo un poco más, aclara que este concepto «se enmarca en lo que se ha venido a llamar guerra híbrida: el uso combinado de fuerzas bélicas regulares junto con otras irregulares. Es decir, el uso añadido de actividades informativas, ciberinformáticas, diplomáticas y financieras que complementan las acciones de la guerra tradicional. De este modo, el lawfare se camufla como legalidad cuando es sólo un arma de guerra más. […] El lawfare forma parte de esa estrategia, pero en un entorno de paz. Y ha podido resultar eficaz no solo para neutralizar líderes políticos, sino incluso para tumbar Gobiernos y asegurarse de que esos mismos gobernantes no puedan optar a nuevos mandatos, incluso si tuvieran el apoyo ciudadano.»
En conclusión: El actual desprestigio de los medios los hace insuficientes para ejecutar cualquier golpe de Estado. Consecuentemente, «a las campañas de acoso y derribo de los medios hay que añadir una pátina de neutralidad y apoliticismo. Para conseguir ese maquillaje de rigurosidad se recurre al sistema jurídico y judicial, que pare que en el Estado de derecho mantiene esa imagen de rectitud buscada. Sin embargo, a pesar de esa imagen de honestidad y pulcritud, la realidad es que se pueden manejar todos los resortes del sistema judicial, retorcer las leyes, decidir arbitrariamente nombramientos judiciales para premiar a los débiles y castigar a los íntegros. […]
Leyes injustas o mal aplicadas y jueces corruptos para combatir la voluntad popular y la democracia, igual que un día lo hicieron los tanques y los sables.» Nada nuevo bajo el sol. Salvedad hecha del barbarismo Lawfare, con que hoy se le denomina, me imagino que muy poca o ninguna novedad habría tenido este concepto para los escritores que, como Enrique Guzmán (El Moro Musa), Rafael Arévalo Martínez, Clemente Marroquín Rojas, Carlos Wyld Ospina, Miguel Ángel Asturias, Efraín de los Ríos y Pedro Joaquín Chamorro Zelaya, estudiaron a profundidad el modus operandi de los dictadores y las dictaduras guatemaltecas.
