En el cuarto informe de monitoreo de enero a marzo del presupuesto del Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Poasán) del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y Save the Children se observa un incremento significativo de los casos de desnutrición aguda.
“A la semana epidemiológica 13 (1 de abril), el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) ha detectado 6,507 casos de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición aguda, un incremento de 38 % respecto a la misma semana de 2022. Estas cifras lamentablemente demuestran que la niñez guatemalteca continúa enfermando y muriendo por causas relacionadas con el hambre”, indicaron en el informe.
Asimismo, evidenciaron que el deterioro económico en 2022, especialmente la inflación, socavó la capacidad adquisitiva de las personas, disminuyendo aún más la escasa posibilidad de muchos hogares para acceder a alimentos, principalmente aquellos en situación de pobreza.
El año pasado el alimento con mayor incremento de precios y de mayor consumo en los hogares guatemaltecos fue el maíz con un 37.5 %. Además, la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos de 2022 (Enei), mostró que solamente 19.5 % de las personas ocupadas percibe un ingreso suficiente para cubrir el costo de la canasta básica alimentaria para sí y su familia. Esto representa un retroceso respecto al 28.7 % que sí lo lograba en 2020, se lee en dicho informe.
“En los últimos años la capacidad adquisitiva de los ingresos de las personas se ha deteriorado fuertemente, es decir, los sueldos y salarios no han aumentado lo suficiente para compensar el aumento de los precios de los alimentos de la canasta básica”, señalaron.
El Icefi y Save the Children también evidenciaron que el presupuesto para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) sigue estando altamente concentrado a nivel geográfico, ya que el 36.5 % del presupuesto vigente del Poasán y otras actividades en SAN se encuentra focalizado en el departamento de Guatemala. “Además de ser un reflejo de la concentración administrativa de la institucionalidad pública, también muestra que las entidades encargadas de su ejecución aún no logran plasmar en los sistemas de información financiera el lugar en el que efectivamente se entregan los bienes y servicios públicos”, expresaron.
Por tal razón, el informe recomienda a las autoridades revisar los programas y actividades vinculados al Poasán, depurándolo de las intervenciones para las que no se cuenta con evidencia sólida de su impacto en la seguridad alimentaria.
Además, evitar los recortes presupuestarios a programas o intervenciones sustanciales en la atención de la SAN, especialmente aquellos que tienen un rol central en la reducción de la desnutrición infantil. “Se deben tomar las medidas necesarias para que los sistemas de información financiera logren registrar los departamentos y municipios donde realmente se entregan los programas gubernamentales”, puntualizaron.
