La Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó una Denuncia Penal contra la Ministra de Salud, María Amelia Flores González, por el contrato para la adquisición de vacunas Sputnik V con el Fondo Ruso de Inversiones, señalándola de los delitos de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad y peculado por sustracción.
En la denuncia se hace referencia de tres hechos importantes. Primero, por no garantizar o asegurar que el contrato va a tener los efectos establecidos, no se tiene conocimiento de que garantías hay.
Segundo, la Ministra de Salud Pública y Asistencia Social se excusa de no dar información del contrato por haber suscrito un convenio de confidencialidad, el cual no ha presentado.
«La Ministra de Salud, se ha negado ha proporcionar la documentación e información respecto a la negociación y contratación de las vacunas, dejando de cumplir con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 1-2021 del Congreso de la República, Ley para el Funcionamiento y Adquisición de Vacunas contra el Coronavirus COVID-19 que estipula que se deben observar parámetros de transparencia y publicidad en las acciones realizadas, así como también garantizar la auditoría social y la fiscalización de la Contraloría General (…) La señora Ministra se ampara en el artículo 30de la Constitución, el cual refiere únicamente a asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional. Por lo que al rehusarse a proporcionar la información solicitada, omitió realizar los actos propios de su función o cargo, ocasionando falta de certeza jurídica y fiscalización en el suministro de las vacunas» señaló la Contraloría.
Tercero, el aspecto de firmar un contrato cuando le compete a otro ministro representar al Estado en temas de suscripción de documentos entre Estados. «De conformidad a la información y documentación proporcionada por el Ministerio de Finanzas Públicas, se establece que se transfirieron recursos por Q614,504,040.00 a requerimiento de las autoridades superiores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, no teniendo a la presente fecha información certera sobre la garantía de la entrega de las vacunas que, supuestamente, fueron adquiridas al gobierno de Rusia; ni teniendo la posibilidad de establecer la existencia de garantías o seguros de cumplimiento, que avalen las obligaciones contractuales para que el Estado de Guatemala pueda cumplir con el proceso de vacunación. Por lo que en su calidad de funcionaria pública, la ministra, pudo haber sustraído o consentido que otros sustrajeran los recursos del Estado derivado de su cargo o función» manifestó la Contraloría.
La CGC estima que hay una tergiversación de términos con la parte con la que supuestamente se suscribió el contrato y del cual no se ha presentado copia al equipo de auditores.
Además, refiere que, «en su calidad de funcionaria, suscribió un contrato para la adquisición de vacunas por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, función que no le corresponde de conformidad a lo que establece el Decreto Ley 148 del Presidente de la República de Guatemala, Ley del Servicio Diplomático; por lo que abusando de su cargo, permitió actos arbitrarios en perjuicio de la administración pública o de terceras personas, en este caso particularmente, la población guatemalteca».
Guatemala adquirió 16 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, por las cuales canceló Q614.5 millones, correspondientes al 50 por ciento del total de la compra. Sin embargo, hasta la fecha el fabricante ruso únicamente ha entregado 150 mil dosis.
Por su parte el Ministerio de Salud indicó que: «El MSPAS no tiene conocimiento oficial de esta presunta denuncia. La cartera es respetuosa del derecho de petición de todo ciudadano o institución. Cuando tengamos información oficial sobre esta especie, se someterá a su respectivo análisis para poder emitir una opinión formal y directa».
