El Colegio de Abogados de la ciudad de Nueva York expresó su profunda preocupación por el continuo hostigamiento criminal de parte de las autoridades de Guatemala en contra de abogados, jueces, fiscales y exfiscales que han trabajado en casos de corrupción, asegurando que violan el debido proceso y el derecho internacional.
Asimismo, recordaron que el pasado 8 de febrero el Colegio de Abogados pidió al Gobierno de Guatemala que adoptara las medidas necesarias para proteger a la jueza Erika Aifán del acoso y que garantizara que cualquier acción disciplinaria iniciada en contra ella y de otros jueces de Mayor Riesgo que conocen de casos de corrupción, se diera de manera adecuada, otorgando todas las protecciones del debido proceso.
«Desafortunadamente, el hostigamiento y las detenciones se han intensificado, amenazando la independencia judicial y el Estado de derecho en Guatemala», lamentaron.
Agregaron que el Ministerio Público (MP), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC) están sujetos a la Constitución de la República de Guatemala y a otras leyes, garantizando el respeto al Estado de derecho, «sin embargo, en las últimas semanas, lejos de cumplir con su mandato legal, estas instituciones persisten en perseguir, encarcelar y criminalizar activamente a jueces, fiscales y abogados guatemaltecos por el simple hecho de cumplir con sus obligaciones profesionales en la judicialización de casos de corrupción».
«Estos actos por parte de las autoridades guatemaltecas violan los principios del debido proceso, incluido el derecho a una audiencia pública, al iniciar procesos penales bajo reserva con base en acusaciones hechas por los propios abogados quienes defienden a los acusados en casos de corrupción. Como los procesos se llevan a cabo bajo reserva, las investigaciones no se hacen públicas y las audiencias correspondientes se posponen con frecuencia, prolongando la detención preliminar del acusado», mencionaron.
También recordaron algunos de los casos preocupantes incluyendo el de Siomara Sosa, ex fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y su abogada defensora, Leily Santizo, ex mandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la detención de Virginia Laparra Rivas, exjefa de la FECI en Quetzaltenango y los fiscales auxiliares de la FECI Willy Racanac López y Paola Mishelle Escobar Quiñónez, así como del Fiscal Eduardo Pantaleón.
Asimismo, la intimidación y posterior exilio del exjefe de la FECI Juan Francisco Sandoval; el exfiscal Carlos Antonio Videz; la exmagistrada de la Corte Suprema y Fiscal General Thelma Aldana; la exmagistrada de Sala, Claudia Escobar, y el exfiscal Andrei González, así como la magistrada Gloria Porras, y las amenazas en contra del Juez Miguel Ángel Gálvez, quienes han sufrido persecución, lo cual catalogan como «amenaza a la fortaleza del Estado de derecho y ausencia de medidas para salvaguardar una buena gobernanza en Guatemala».
«Resulta alarmante que actores judiciales como la jueza Aifán y los demás señalados anteriormente se hayan visto obligados a abandonar el país debido a las amenazas, intimidaciones y persecuciones que enfrentan, junto con el posible enjuiciamiento y la posible detención arbitraria por instituciones del Estado. El denominador común entre los perseguidos es su papel en el enjuiciamiento y la lucha contra la corrupción. Todos estos individuos trabajaron en casos de alto perfil que resultaron en sentencias penales y el encarcelamiento de oficiales del Estado, y la mayoría pertenecen a los Juzgados competentes para Delitos de Mayor Riesgo, la FECI o la extinta CICIG, todos los cuales fueron sido diseñados para desmantelar redes criminales a través de enjuiciamientos efectivos», mencionaron.
Aseguraron que estos actos de persecución por parte de las instituciones del Estado, incluida la Fiscalía, contravienen claramente una serie de principios y normas fundamentales del derecho internacional, incluidos los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura y violan los artículos 203, 251 y 268 de la Constitución de Guatemala.
«Las denuncias de mala conducta judicial y fiscal contra los operadores judiciales que procesan y resuelven casos de corrupción formuladas por abogados defensores que representan a las personas acusadas en esos casos no se resuelven mediante procedimientos rápidos y justos. Por el contrario, las alegaciones son objeto de procedimientos bajo reserva que adolecen de numerosas irregularidades», mencionaron.
Indicaron que la persecución de jueces y fiscales por parte del Estado viola múltiples estándares establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. «La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido recomendaciones a los Estados que forman parte de la Convención, estableciendo que los Estados se deben comprometer a los recursos necesarios y adecuados para garantizar la protección de la vida de los operadores judiciales y su seguridad general, y , además, que los Estados deben investigar a fondo cualquier ataque en contra ellos. El Estado de Guatemala, que es parte del tratado, no ha actuado de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos», aseguró el Colegio de Abogados de Nueva York.
Recordaron que numerosos gobiernos, organizaciones e individuos han expresado su preocupación por el patrón de ataques a la independencia de los jueces y fiscales que manejan casos de corrupción en Guatemala y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos evaluó las herramientas judiciales utilizadas por las autoridades judiciales guatemaltecas para denunciar a los jueces y fiscales antes mencionados por incumplimiento de sus deberes. «Las herramientas se están utilizando con fines de intimidación, hostigamiento y expulsión», aseguraron.
Por ello, el Colegio de Abogados de Nueva York hizo un llamado a la Fiscal General, Consuelo Porras y al Ministerio Público, a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, como guardianes del Estado de derecho en Guatemala, a tomar todas las medidas necesarias y, «actuar de conformidad con la ley y los mandatos constitucionales y centrar sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción, sin tener en cuenta los intereses privados».
Asimismo, a cesar la criminalización y los ataques a abogados, jueces, fiscales y exfiscales que han combatido la corrupción en Guatemala, defendiendo así el Estado de derecho. «Para salvaguardar el Estado de derecho, Guatemala debe combatir la corrupción y poner fin a la impunidad», puntualizó.
