En el análisis del Proyecto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023 del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) se observa que el porcentaje de deuda pública que se utiliza para financiar gasto de financiamiento aumentó de 4 a 40 % en 17 años, del 2004 a 2021.
Asimismo, el CIEN indicó que en el Proyecto de Presupuesto 2023 se financiarían Q. 3 mil 439.5 millones de gastos de funcionamiento con colocaciones internas y préstamos externos, dentro de lo cual se incluyen Q. 30.9 millones para pago de remuneraciones.
Por lo que expresó su preocupación porque Guatemala no ha cumplido en un sentido estricto con la “regla de oro” de 1997, instituida como una directriz para el funcionamiento de la política fiscal, donde se establece que el Gobierno debe pedir prestado sólo para invertir y pagar los servicios de la deuda pública.
El CIEN indicó que el mayor desafío que se enfrenta como país en temas de presupuesto es mejorar la calidad del gasto público, además que el monto propuesto para la inversión ha sido y continúa siendo insuficiente tomando en cuenta que las debilidades en el proceso de planificación se traducen en asignaciones de recursos e intervenciones que no cuentan con un fundamento técnico para poder medir su eficacia y lograr el objetivo planteado.
También mencionó que Guatemala tiene uno de los presupuestos más rígidos del mundo, ya que el 86% de los ingresos está comprometido a un fin específico y sólo 14% de los egresos cuenta con cierto grado de flexibilidad.
Por ello, recomendó “eliminar gradualmente las asignaciones presupuestarias con destino específico y comenzar en el corto plazo a reformar aquellas leyes que generan rigidez presupuestaria, avanzando hacia una gestión que se centre en la responsabilidad por los resultados”.
Así como, contener el crecimiento de la participación del gasto de funcionamiento, donde la negociación de los pactos colectivos de condiciones de trabajo no sea llevada a cabo con opacidad y se considere una reforma del servicio civil en el mediano plazo para garantizar contar con el recurso humano adecuado, evitar financiar gasto de funcionamiento con deuda pública y mejorar la calidad del gasto público.
