En esta semana se celebró la audiencia de primera declaración en contra del periodista José Rubén Zamora Marroquín y la abogada Samari Carolina Gómez Díaz, en la que fueron constantes los señalamientos en mi contra, por la fiscal del caso.
Entre los elementos de investigación que fueron presentados en la imputación, se encuentran algunos audios de interceptaciones de comunicaciones telefónicas, realizados sin autorización judicial y con evidente vulneración a la normativa constitucional y ordinaria.
Con respecto al contenido de los audios, el Ministerio Público ha fabricado elucubraciones que sustentaron la orden de captura y señalamiento injustificado hacia Samari Carolina Gómez Díaz, construidas a partir de una aviesa intención de continuar desacreditando mi nombre y honor.
Es necesario comprender que, por el trabajo que desarrollé como fiscal, era normal atender llamadas de ciudadanos quienes me contactaban para poner en conocimiento información sobre hechos delictivos, y cuando me desempeñé como servidor público brindé atención a todos los sectores ciudadanos, entre ellos el periodístico.
A mi salida de Guatemala, muchos testigos y personas quienes brindaron información (entre ellos, el entonces procesado y aspirante a colaborador eficaz –hoy denunciante, víctima, agente provocador de delitos e investigador, García Navarijo-), se preocuparon por el temor a que se pusiera en peligro su situación jurídica y de seguridad, ante el giro que tomó el Ministerio Público y la evidente intención de socavar los esfuerzos por descubrir la verdad en casos de gran corrupción, intentaron contactarme.
Sin embargo, a partir de mi destitución arbitraria e ilegal, sin ejercer funciones públicas y lejos de mi país, era lógicamente imposible que yo pudiera verter alguna directriz, y menos poner en riesgo a quienes aún se encontraban ejerciendo funciones en la FECI.
Hoy, la valiente fiscal Gómez Díaz, se ha convertido en el chivo expiatorio, dentro de una nueva y artificiosa trama que tiene como trasfondo deslegitimar, descalificar y desprestigiar el trabajo que desarrollé en el Ministerio Público; es ella, quien se encuentra soportando las consecuencias de un injusto y absurdo proceso penal.
Los infundados señalamientos realizados contra la abogada Gómez Díaz y en mi contra, han sido vinculados en forma inexplicable y malintencionada, a las sindicaciones realizadas contra el periodista Rubén Zamora, quien está en posibilidad de demostrar con fundamento en el principio de la carga dinámica de la prueba, la procedencia de los recursos que supuestamente tienen procedencia ilícita.
El año anterior, cuestioné a la fiscal general por la designación de Cinthia Monterroso para actuar en casos con control judicial de la jueza Erika Aifán, debido a la prohibición legal que tenía para gestionar casos en esa judicatura, por un conflicto de interés sobradamente documentado. Eso sólo provocó mi abrupta, injusta e ilegal destitución.
Hoy, la misma fiscal ha actuado nuevamente en mi contra, al servicio de quienes mantienen una lucha sin tregua, en contra de todos quienes en algún momento soñamos con un sistema de justicia al servicio de la población y en contra de los casos de gran corrupción.
Esa actuación, se condensó con la “casual” designación como “juez natural” de Freddy Orellana, quien emitió la primera orden de captura en mi contra, y hace un par de años fue recusado en el caso Negociantes de la Salud, por su relación amistosa con el abogado de uno de los procesados –quien por cierto es parte de la fundación que actúa como querellante contra Samari Gómez-.
Y no es afán de criminalizar las relaciones de amistad o enemistad, la referencia realizada en los parágrafos anteriores, sino dejar en claro la afectación en el ánimo de los intervinientes, que potencia la simpatía o antipatía con los actores quienes aparecen, como actuantes o mencionados en los asuntos que se someten a su conocimiento.
No está de más agregar, que las operaciones emprendidas por la fiscalía y los grupos que coadyuvan en sus acciones, tiene como trasfondo el intento potenciado de acallar voces disidentes, quebrantando además el secreto profesional en la función de periodistas y abogados, dentro del contexto de vulneración de derechos humanos en las que se produjeron las detenciones de Samari Gómez y Rubén Zamora.
“Quien aspire a la justicia debe saber que la única justicia de verdad efectiva es la que no representa una venganza”. William Ospina.
#NoNosCallarán
