La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó al Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC), «restituir el orden público y habilitar el acceso pleno a las sedes del Ministerio Público», en un plazo no mayor de seis horas, y capturar a los implicados en «la comisión de delitos flagrantes». Esto, luego de que desde el pasado 2 de octubre se realizan manifestaciones para exigir la renuncia de la Fiscal General, Consuelo Porras.
«Esta Corte resolvió ORDENAR al Ministro de Gobernación y al Director de la Policía Nacional Civil, el resguardo de derechos tutelados en las resoluciones emitidas en este expediente, y se conmina: 1) Ejecutar las acciones y medidas pertinentes para restituir el orden público y habilitar el acceso pleno a las sedes del Ministerio Público, asegurando la integridad física de trabajadores y usuarios, lo que deberá realizar en un plazobque no exceda de 6 horas», se lee en un comunicado emitido por la Alta Corte.
Asimismo, ordenó a la Policía Nacional Civil, «conforme la previsión contenida en el artículo 257 del Código Procesal Penal, proceder a la aprehensión de los implicados en la comisión de delitos flagrantes.
También, al Ministerio de la Defensa Nacional, solicitó prestar el auxilio «en caso de ser estrictamente necesario y por solicitud de las autoridades cuestionadas, brindando la cooperación por medio del Ejército de Guatemala, dentro del marco de sus funciones».
La CC también pidió a las fuerzas de seguridad que resguarden las instalaciones de los órganos estatales de justicia y servicios públicos en donde se anuncien o realicen manifestaciones.
El Pleno de Magistrados de la CC emitió esta resolución luego de una denuncia presentada por el MP ante el bloqueo prolongado a su sede ubicada en el Barrio Gerona, zona 1 capitalina, en la que asegura que las manifestaciones que iniciaron el pasado 2 de octubre, han impedido prestar los servicios que competen a dicha institución.
«El Ministerio Público denuncia incumplimiento de las órdenes dictadas por este Tribunal en la sentencia dictada en el expediente 1322-2023, así como en el auto de debida ejecución emitido en el mismo expediente. Al analizar lo denunciado y derivado de que la obligación de garantizar la justicia conlleva el deber de adoptar las medidas pertinentes para resguardar las necesidades de acceso a los entes que proveen servicios esenciales como el acceso a la justicia, reconocida en el artículo 2 de la Constitución», señaló la alta Corte.
