El equipo de abogados que defiende a la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Virginia Laparra, y organizaciones de la sociedad civil presentaron una «apelación especial» contra la resolución emitida contra la exfiscal que la condenó a cuatro años de prisión por el delito de abuso de autoridad.
«El tipo penal no encaja con los hechos acreditados ante el tribunal ya que enfrentar prisión por denunciar a un juez envía señal de impunidad a todo el Sistema de Justicia», indicó la defensa de Laparra.
Por ello, solicitaron a la Sala Segunda de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia, revisar la sentencia contra Virginia Laparra, quien enfrenta prisión por haber denunciado al exjuez y actual Relator contra la Tortura, Lesther Castellanos.
Además, señalaron que a Sala debe considerar los medios de prueba rechazados por la Jueza González, que incluyen documentación de más de doscientos casos en que otros fiscales han denunciado a jueces, como una medida típica de rendición de cuentas y transparencia.
Recordaron que los hechos acreditados ante el Tribunal consisten, exclusivamente, en la presentación de cuatro denuncias por malas prácticas judiciales contra Castellanos, pero que estas acciones no constituyen el delito de abuso de autoridad, pues Laparra estaba autorizada para presentar las denuncias, ya que la Constitución Política de Guatemala, la Ley del MP y leyes ordinarias la facultan para hacerlo, contrario al argumento de la jueza Oly González al momento de emitir su sentencia.
«Permitir que una Fiscal valiente como Laparra enfrente prisión por hacer su trabajo ataría de manos a todo el personal fiscal y contribuiría a garantizar mayor impunidad para los jueces y magistrados que abusen de su cargo y su autoridad», indicaron en un comunicado.
Por su parte, Organizaciones Nacionales e Internacionales rechazaron la criminalización en contra de Laparra, y demás exfiscales y abogadas que denunciaron e investigaron casos de
corrupción, y aseguraron que continuarán monitoreando el proceso en contra de Laparra y demás casos, y oponiéndose «al desmantelamiento del sistema de justicia al servicio de intereses de mafias y corruptos para garantizar su impunidad».
