La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) presentó acción constitucional de amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) señalando como acto reclamado la decisión de rechazar liminarmente el antejuicio formulado contra el juez José Eduardo Cojulún Sánchez.
El pasado 10 de junio el pleno de magistrados CSJ, por mayoría, rechazó sin entrar a conocer la solicitud de antejuicio planteada por la FECI, para investigar al juez Undécimo Penal, José Eduardo Cojulún Sánchez dentro del caso Fénix, Fase Impunidad.
La Fiscalía había requerido el retiro de inmunidad para profundizar en la pesquisa por la posible comisión de los delitos de obstrucción de la justicia y prevaricato.
De acuerdo con la Fiscalía el juez José Eduardo Cojulún Sánchez, “profirió decisiones que favorecieron a varios sindicados, fundamentalmente a Gustavo Adolfo Herrera Castillo”, este último acusado de ser el operador para la elección de Magistrados de la CSJ, actualmente asilado en Nicaragua.
Según la FECI, Cojulún Sánchez, “a sabiendas de las actuaciones procesales, dictó una resolución contraria a la ley al ordenar, a petición de la defensa, el sobreseimiento del proceso, teniendo el juez pleno conocimiento que existían suficientes elementos de investigación que ameritaba necesariamente continuar con la investigación en contra de todos los sindicados, especialmente, de Gustavo Adolfo Herrera Castillo, quien lideraba la estructura investigada”.
La investigación presentada por la FECI, detalla la existencia de una estructura criminal que habría utilizado diferentes tipos de empresas, las cuales pertenecían o estaban vinculadas con Gustavo Herrera, para lavar alrededor de Q350 millones.
De acuerdo con la Fiscalía dichos fondos habrían sido obtenidos de manera ilícita por medio de un contrato fiduciario que se había formalizado entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Grupo Empresarial Uniserv S.A. y el Banco Uno S.A.
La estructura utilizó el sistema financiero a través de complejas transferencias de fraccionamiento en moneda local y extranjera, ocultando el origen del dinero, lo que permitió dar apariencia de legalidad.
