La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) coordinó el pasado viernes 5 de noviembre con la Policía Nacional Civil (PNC) la captura de 18 presuntos integrantes de una red criminal en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), que adjudicó nueve concursos por Q28 millones a compañías vinculadas con el diputado Jorge García Silva.
Aunque están vinculados en el caso Clima, Corrupción y Poder, el MP de Consuelo Porras aún no contempla solicitar el antejuicio en contra del diputado de la agrupación política Acción Ciudadana, quien actualmente ocupa la quinta secretaría del Congreso de la República, y del diputado del oficialismo y exministro de Comunicaciones, Edmundo Lemus, quien autorizó los contratos entre el INSIVUMEH y las empresas vinculadas a García Silva.
Las instalaciones de Outsourcing Total y BPO Marketing también fueron allanadas el pasado viernes como parte de la investigación del MP, por ser las favorecidas con adjudicaciones para la compra de equipamiento y estaciones meteorológicas por parte del INSIVUMEH, dirigido por Yeison Broderson Samayoa, quien fue capturado durante las diligencias.
También fue detenida la subdirectora ejecutiva, Amanda Montes de León y los exasesores del diputado, Jorge Porfirio Navichoque Sánchez y Manuel de Jesús Hernández Marroquín. Ambos trabajaron en la Municipalidad de Villa Nueva durante la gestión de Edwin Escobar, quien denunció públicamente las adjudicaciones anómalas a favor de la empresa vinculada con Jorge García Silva.
Asimismo, fueron detenidas otras 14 personas acusadas de los delitos de estafa propia, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, fraude y testaferrato.
Por este caso aún están pendientes de ejecutarse otras 10 órdenes de captura, entre ellas las emitidas en contra de Mirtha Monterroso Bonilla y Jorge Eduardo García Monterroso, esposa e hijo del diputado, respectivamente.
Según la investigación de la fiscalía, los contratos del INSIVUMEH siempre favorecieron a la empresa del diputado Jorge García Silva, ya que la organización científica estaba dirigida por Samayoa, quien fue candidato a diputado del partido del congresista, y casi siempre fueron otorgados por la misma Junta de Licitación y sin competencia. Los convenios fueron suscritos por Samayoa y los representantes legales de las compañías, Adelso Marroquín Sandoval, de Outsourcing, y Toribio Sequén Jocop, de BPO, quienes también fueron arrestados.
El INSIVUMEH, permitió que BPO realizara un estudio de las poblaciones vulnerables en zonas de alto riesgo, por Q1.9 millones y a Outsourcing le adjudicaron compras de estaciones meteorológicas, equipo de sismología, entre otros, mismos que fueron autorizados por el despacho del Ministerio de Comunicaciones, el cual en ese momento era dirigido por Edmundo Lemus, quien renunció a su cargo para continuar como diputado del oficialismo.
