Crecí en una Guatemala donde se detuvo el accionar de los fusiles y luego de la firma de los Acuerdos de Paz, creímos que la construcción de una sociedad democrática era posible. Entre las gestiones de Claudia Paz y Thelma Aldana, como fiscales generales, el sistema judicial tomó nuevos bríos y como nunca, la esperanza de la construcción de un nuevo sistema de justicia, empezó a ser visible para la ciudadanía.
Hoy, en febrero de 2022, aquel planteamiento esperanzador, se esfuma como agua entre las manos. La captura total del sistema judicial se ve reflejada en una serie de eventos que están suficientemente documentados: la instauración de una Corte de Constitucionalidad cómoda para los corruptos; la manipulación en el proceso de elección de altas cortes (cuyo retraso rebasó los 28 meses); la instrumentalización del Ministerio Público como herramienta para proteger a los corruptos y atacar a la disidencia.
En ciernes, el proceso de selección para Fiscal General discurre en paralelo a una dinámica de criminalización, persecución y hostigamiento en contra del equipo de trabajo (fiscales e investigadores) que constituyó el emblema del Ministerio Público durante por lo menos 6 años (2015-2021), aun cuando Consuelo Porras fue la autoridad superior de la institución.
Esta desenfrenada purga tiene hoy como víctimas más directas y visibles a 5 exfuncionarios, llamados a proceso penal por cumplir con su trabajo en procesos judiciales donde el afán de venganza de la mafia pesa más que la soñada búsqueda del cumplimiento de la ley.
Pero más allá, existe un drama humano en esta encarnizada persecución donde se ven afectadas las personas que han sido ya alcanzadas por la instrumentalización del Ministerio Público en contra de quienes hace apenas un tiempo eran sus trabajadores.
Los valientes ex trabajadores del Ministerio Público, además del desgaste normal que causaba el trabajo de investigación de las grandes estructuras, con nulo apoyo de la jefa de la institución, hoy enfrentan casi en soledad estos procesos, fundamentados en escasa información que acredite los hechos “investigados”, y con una evidente y tendenciosa manipulación probatoria.
Evidente es la coordinación entre distintos operadores de justicia, para anular el derecho de defensa de los encartados: 1) Distorsionar la necesidad de la reserva de los casos, para impedir el acceso del ejercicio de la defensa, sin que se detenga la fuga de información hacia los netcenteros, quienes anticipan las acciones contra fiscales de la FECI, que posteriormente de materializan; 2) Creación de procesos en contra de los defensores de los fiscales, haciendo hincapié en que las defensas las ejercen ex mandatarias de la CICIG, porque en el gremio de abogados, se niegan a aceptar la defensa de fiscales o ex fiscales; 3) Retrasos injustificados en la celebración de audiencias de primera declaración, cuyas suspensiones no se han debido a peticiones de la defensa, sino a maniobras de los mismos jueces, haciendo de los procesos judiciales una herramienta de tortura.
La purga no se detendrá, además del anuncio de nuevas acciones, la Corte de Constitucionalidad, por petición de los mismos actores que han colaborado en la construcción del actual sistema de injusticias, negó el derecho de participación a los jueces para optar a la jefatura del Ministerio Público. Además, los decanos integrantes de la Comisión de Postulación, han sido objeto de hostigamiento y ataques, los cuales han sido difíciles de resistir.
La comunidad internacional es también blanco de ataques, por lo que se ha cerrado el cerco y vivimos hoy en una Guatemala donde se dinamitó por completo cualquier esfuerzo para la construcción de un sistema judicial sólido, matizado con el hartazgo ciudadano, manifestado en un silencio, sinónimo de lánguida esperanza.
Algún día terminarán las injusticias.
