APG asegura que la Ley contra la Ciberdelincuencia pretende criminalizar las publicaciones periodísticas

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La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) expresó su rechazo al contenido de la Ley contra la Ciberdelincuencia que fue aprobada el pasado 4 de agosto, así como la iniciativa de ley para “el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad”.

Aseguró que con ellas, el Congreso pretende criminalizar las publicaciones periodísticas y las críticas en plataformas digitales, además de promover el uso discriminado de fuerza letal en manifestaciones ciudadanas.

“Dichas propuestas están dirigidas a menoscabar los derechos de libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de manifestación y continuar implantando un ambiente general de censura y autocensura”, se lee en un comunicado de la APG.

Explicó que en el artículo 19 de la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia busca criminalizar las críticas, investigaciones o publicaciones que a criterio de las autoridades incurran en acoso y en su artículo 9 a las publicaciones periodísticas que se basen en filtración electrónica de datos o información.

“Aunque en ambos artículos indica que excluirán los casos de libertad de expresión reconocidos en los convenios y tratados aprobados por Guatemala, no existe la garantía de que funcionarios, empleados públicos, políticos y sus allegados, en contubernio con el sistema de justicia, no empleen esta norma para perseguir a medios, periodistas, ciudadanos u organizaciones sociales”, indicó.

Asimismo, indicó que esta ley podría permitir sanciones a periodistas que también aplicarían para los socios y accionistas de los medios de comunicación, y en caso de sentencia, las autoridades podrían decomisar dispositivos como computadoras, celulares o discos duros utilizados para albergar o publicar información.

Esto sería contrario a lo que estipula el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala que textualmente citó: “no podrán ser clausurados, embargados, intervenidos, confiscados o decomisados, ni interrumpidos en su funcionamiento las empresas, los talleres, equipo, maquinaria y enseres de los medios de comunicación social”.

Mientras que, por la iniciativa 6076 que fue conocida el pasado martes en el Congreso en su primera lectura, que contiene la “Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala”, indicó que busca involucrar a las fuerzas castrenses en la disolución de manifestaciones ciudadanas y brindarles la potestad a los órganos de seguridad de utilizar fuerza letal en estas circunstancias.