El movimiento Amnistía Internacional pidió poner fin a la criminalización contra la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra, quien podría ser condenada esta semana.
“Virginia Laparra es una presa de conciencia que lleva más de nueve meses privada de la libertad injustamente. La persecución penal iniciada en su contra es infundada y se debe únicamente a sus labores como una destacada fiscal anticorrupción. Virginia Laparra debe recuperar su libertad inmediatamente», dijo la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.
Agregó que, “es inaceptable que las más altas autoridades se presten a la manipulación del sistema de justicia penal para hostigar y castigar a quienes han contribuido a avances significativos en la lucha contra la impunidad en casos emblemáticos de corrupción y violación de derechos humanos, y así dignificar la justicia guatemalteca ante los ojos de su población”.
El juicio contra Laparra inició el pasado 28 de noviembre por el delito de abuso de autoridad en forma continuada, por el cual podría enfrentar una pena de hasta nueve años de cárcel, explicó Amnistía Internacional.
Asimismo, aseguró que ha encontrado múltiples irregularidades en la investigación y en el manejo del caso contra Virginia Laparra, pues existen represalias y criminalización en contra de magistradas, jueces, fiscales, periodistas y personas defensoras de los derechos humanos que han luchado en contra la impunidad y la corrupción.
Virginia Laparra fue detenida el 23 de febrero del presente año al salir de su trabajo y desde ese momento permanece en detención preventiva. «Amnistía Internacional constató que las autoridades judiciales han violado los derechos a la libertad y al debido proceso de Virginia Laparra», aseguró.
Y puntualizó que el juzgado a cargo del caso excedió de manera injustificada el plazo para tomar su primera declaración, y ha denegado sus solicitudes de seguir el juicio en libertad basándose en motivos arbitrarios y que, «las múltiples violaciones constatadas por Amnistía Internacional también constituyen una detención arbitraria de acuerdo a la definición del grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria».
