Alianza por las Reformas realizó un informe en donde analiza jurídicamente las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), mismas que considera como limitaciones a la libertad de expresión, asociación y participación.
Según dicho análisis, el Decreto 4-2020 en su artículo 2, establece que las ONG son entidades de derecho privado sin embargo, su naturaleza y cargas son desproporcionadas ya que en la práctica son actores clave en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, así como en el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho y juegan un papel fundamental en la fiscalización de manera objetiva e independiente de los actos gubernamentales.
Asimismo, indicaron que permite conocer sus actividades, finanzas y otros aspectos, introduciendo controles estatales injustificados lo cual supera las obligaciones que tienen entidades con fines de lucro.
Alianza por las Reformas indicó que este decreto de reformas vulnera la libertad de asociación y de acción garantizadas en la Constitución Política al obligar a las ONG cumplir con actividades para ser autorizadas, lo cual también limita la libertad de emisión del pensamiento.
Estas reformas también le otorgan facultades al Ministerio de Gobernación, Registro de Personas Jurídicas (REPEJU) y otras entidades administrativas, «vigilar» que los bienes de las fundaciones y ONG se empleen conforme a su destino y de no cumplirse, podrían ser canceladas.
«Las reformas dirigidas a mermar el trabajo de las ONG no solamente afectan a estas estructuras organizativas y a sus integrantes sino fundamentalmente, a las poblaciones en situación de vulnerabilidad a las que éstas atienden», puntualizaron.
