Alianza por las Reformas envió una carta abierta para exigir la renuncia de la Fiscal General, Consuelo Porras, por el deterioro de la institucionalidad democrática desde que asumió el cargo, así como su intromisión en el sistema electoral guatemalteco.
«Desde el inicio de su administración, el MP impulsó una política de persecución penal autoritaria y contra los derechos fundamentales de los guatemaltecos. Por ello, durante estos años hemos presenciado el fin de la lucha contra la impunidad que en su momento emprendió la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) con anteriores administraciones», se lee en la referida carta.
Asimismo, señalaron que durante la administración de Porras, se ha generado un clima de zozobra y «ha dañado la institucionalidad democrática que con tanto esfuerzo se había logrado desde la suscripción de los Acuerdos de Paz».
También indicaron que la política de persecución penal de la jefa del Ministerio Público (MP) ha consistido en acechar y encarcelar cualquier voz disidente del actual régimen de corrupción e impunidad, como lo son funcionarios de justicia independientes, periodistas y defensores de derechos humanos.
«No fue ninguna sorpresa que desde el MP usted presionara a los integrantes de la Comisión de Postulación para lograr su reelección en 2022; y que el principal líder del régimen de corrupción e impunidad, el Presidente Alejandro Giammattei, la eligiera por cuatro años más como Fiscal General, a pesar de haber sido usted señalada, públicamente, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por su participación en hechos significativos de corrupción para obstruir y menoscabar, en forma reiterada, investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos», dijo la Alianza a Porras.
Y agregaron que con todos estos antecedentes nefastos, su conducción al frente del MP ha llegado a niveles impensables, que ponen en riesgo la democracia guatemalteca. «La institución que usted dirige ha actuado sin controles, sin límites y sin pensar en los intereses de la mayoría de guatemaltecos. Con total insensatez, se ha entrometido en el actual proceso electoral y ha buscado mediante mecanismos ilegales y arbitrarios, impedir que prevalezca la voluntad ciudadana manifestada el pasado 25 de junio», indicaron.
Por tal razón, indicaron que los actuales tiempos exigen que Porras cese en sus funciones, pues ha utilizado la acción penal de forma déspota. «La historia la recordará como una ciudadana infame que privilegió los intereses de las mafias y corruptos por encima del bienestar y paz social de los guatemaltecos», puntualizó.
