Alianza por las Reformas realizó un análisis tras la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) que las personas acusadas por corrupción sean favorecidas con medidas sustitutivas, lo cual consideró como un retroceso a la lucha contra este delito.
«Los argumentos vertidos por los interponentes fueron diversas violaciones a distintos principios constitucionales, sin embargo, la mayoria de ellos fueron declarados sin lugar por la Corte de Constitucionalidad al momento de resolver», indicó Alianza por las Reformas.
Agregaron que el Estado de Guatemala ha suscrito diversos instrumentos internacionales para el combate a la corrupcion, entre y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, por ello se encuentra obligado a adoptar las medidas de carácter preventivo y de sanción que permitan prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción.
«La resolución de la CC constituye un retroceso en materia de combate a la corrupción, pues, aunque resulte necesaria la adopción de medidas desjudicializadoras que descongestionen el sistema penal, estas deben realizarse sin atender con favoritismos a determinados grupos», mencionaron.
Recomendaron impulsar reformas integrales en el sistema de justicia que permitan una agilización del sistema y
el debido respeto de los derechos fundamentales de los sindicados sin distinción alguna.
Indicaron que este criterio de la CC resulta limitado y carece de objetividad, «pues pretende senalar que el objetivo de la Ley contra la Corrupción es luchar contra la corrupción de funcionarios y empleados públicos, sin embargo, la definición de corrupción abarca muchos mas elementos que solamente las conductas realizadas por los funcionarios y empleados publicos».
También mencionaron que resulta falso lo argumentado por la CC al indicar que se
prohibe la conmuta de delitos que nada tienen que ver con el combate a la corrupción, pues esta expulsión del ordenamiento jurídico abre la puerta para que puedan ser conmutados varios delitos.
Estos podrían ser abuso de autoridad, falsedad en declaración jurada patrimonial, aceptación ilicita de regalos, peculado (delito por el cual están acusados los diputados que incurrieron en obtener plazas fantasma), malversación, enriquecimiento ilícito de particulares, tráfico de influencias, obstaculización a la acción penal, prevaricato, entre otros.
