La Alianza por las Reformas por medio de un comunicado condenaron la captura de la abogada Leily Santizo, exmandataria de la CICIG, y la acusación contra la exfiscal de la FECI Siomara Sosa, considerando que son actos de criminalización descarada por haber conducido investigaciones contra peligrosos criminales cuyos intereses ahora son protegidos desde la cúpula del Ministerio Público (MP).
“Repudiamos el evidente mensaje que las autoridades del Gobierno liderado por Alejandro Giammattei, en colusión con la Fiscal General Consuelo Porras y en complicidad con las élites económicas tradicionales, están enviando a toda la ciudadanía; en especial a jueces, juezas, fiscales, periodistas independientes, defensores y defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, de manipulación al principio de legalidad para perseguir a quienes lideraron relevantes investigaciones que revelaron cómo el país está asfixiado por las mafias”, manifestó la Alianza por las Reformas en su comunicado.
De acuerdo con la Alianza, la licenciada Santizo tuvo a su cargo la investigación del caso Manipulación de la Justicia, en el que está acusado Erick Melgar Padilla. También participó en el caso Génesis, que involucró una estructura criminal liderada por Walter Obdulio Mendoza. Además, ha defendido a fiscales de la FECI que llevaron casos como Odebrecht, Construcción y Corrupción y Comisiones Paralelas.
“Por su perfil particular, las autoridades del Sistema Penitenciario deben garantizar su integridad ya que fue trasladada a Mariscal Zavala donde está compartiendo espacio con personas que se encuentran privadas de libertad derivadas de casos que la licenciada Santizo litigó, lo cual la coloca en una situación de altísima vulnerabilidad”, manifestó.
Asimismo, urgieron a las entidades nacionales e internacionales que velan por los derechos humanos, incluidas las Naciones Unidas (instancia que estuvo vinculada a la CICIG), a mantener particular observación sobre estas circunstancias y a rechazar esta persecución arbitraria.
“Importantes voces internacionales se han expresado en contra de este clima represivo que va en aumento acercándonos cada vez más a la realidad nicaragüense. Llamamos a que los países donantes emitan sanciones financieras contra el gobierno y las élites económicas tradicionales quienes fomentan y apañan este tipo de acciones. Si las autoridades no reciben mensajes claros no se detendrán y pronto será demasiado tarde”, señaló la Alianza por las Reformas.
Agregaron una convocatoria a toda la sociedad guatemalteca a movilizarse, “organizarnos contra el deterioro de las garantías democráticas, a rechazar cada acto intimidatorio y a repudiar esta criminalización de personal comprometido con la justicia a quienes no podemos dejar solas ni darles la espalda”.
Además, refieren que solamente la unión de la población puede detener este creciente autoritarismo que pretende afianzarse en la selección de la o el siguiente Fiscal General, con una reelección o el nombramiento de alguien con iguales cuestionamientos, por lo que es fundamental fiscalizar este proceso.
