La Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que se suspenda la decisión de centralizar en un juzgado los casos de corrupción cometidos por funcionarios y empleados públicos en el ejercicio de su cargo.
El pasado jueves, la CSJ publicó el Acuerdo 22-2020 en dónde designa al Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala para conocer los delitos contenidos en la Ley contra la Corrupción, Código Penal y otros delitos contenidos en otras leyes de la materia, cometidos por Funcionarios y Empleados Públicos.
La Corte indicó que el mismo entraría en vigor el viernes 26 de junio y señaló que dicho juzgado iniciará funciones el 16 de julio próximo.
En el amparo interpuesto por la AEU, manifestó que al dejar centralizados los casos en un solo juzgado pretenden tener «una justicia especial» para funcionarios y empleados públicos, dándoles privilegios y asegurando la impunidad.
Asimismo, la AEU, explicó en su acción legal que “la política judicial de emitir dicho acuerdo deviene incoherente con la actividad permanente de perfeccionar los modelos de justicia”, con lo que indicó que el Acuerdo del Organismo Judicial (OJ) también vulnera derechos constitucionales.
Con información de Mari Cruz Chajón.
