Acción Ciudadana presentó una denuncia penal en contra del presidente Alejandro Giammattei y la Ministra de Salud, Amelia Flores, por los delitos de peculado, fraude e incumplimiento de deberes, por haber firmado un contrato lesivo a los intereses del Estado de Guatemala, en la compra de vacunas Sputnik V.
“Se firmó un contrato lesivo a los intereses del Estado, en donde no se tiene ninguna garantía para adquirir esas vacunas” dijo Manfredo Marroquín fundador de Acción Ciudadana.
Marroquín agregó que los entes de fiscalización no han visto lo que la población ha observado y es que no hay vacunas, que ya se ejecutó el gasto destinado a la compra de vacunas y no hay vacunas, “eso por haber firmado un contrato que huele mal, si lo hubiera leído algún abogado que asesora al Gobierno, hubiera recomendado no firmar un contrato de esa naturaleza, porque no hay ninguna garantía para el Gobierno de recibir las vacunas” manifestó.
Asimismo, señaló que en el contrato no existe un cronograma entrega, ni existe una estipulación de responsabilidades en caso de incumplimiento de parte de proveedor, además de ser un contrato ilegal porque se hizo con un intermediario y no un fabricante como lo estipula la Ley de Vacunación aprobada por el Congreso.
“Es decir todas las ilegalidades están a la luz de todos, pero nadie actúa” refirió Marroquín. Además, dijo se han denunciado otros casos como las pruebas falsas para diagnosticar el COVID-19, “la pandemia real es la corrupción” hay un mal uso de los recursos destinados a combatir la pandemia, por eso es que hoy estamos enfrentando la peor ola de COVID-19.
“Es corrupción haber firmado un contrato que casualmente no pidieron opinión de la Procuraduría General de la Nación, el contrato fue incumplido por el proveedor que estafó al Estado, porque tampoco se está devolviendo el dinero, si se lee el contrato, se establece que la única responsabilidad que tiene el proveedor por incumplimiento es el pago de hasta 300 mil dólares al contratante, se pagaron casi 80 millones de dólares, pero con el incumplimiento se estaría recibiendo únicamente 300 mil dólares, qué sentido tiene firmar algo así” señaló Marroquín.
Además para que los 300 mil dólares por incumplimiento sean rembolsados deberá hacerse un reclamo en Singapur, porque se rigen en la jurisdicción de Singapur.
“Este es el efecto de haber renunciado y haber expulsado la experiencia anticorrupción que tuvimos con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y ahora es recuperemos el tiempo perdido, hay que saquear lo que dejamos de saquear en unos años y manos a la obra, y previamente a eso se garantizaron impunidad con el control de todas las instituciones” dijo Marroquín.
