Acción Ciudadana (AC) realizó una evaluación sobre riesgos de corrupción en la Dirección General de Caminos del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda por la falta de transparencia en la realización de proyectos y combate a la corrupción por medio de éstos.
La organización de la sociedad civil aseguró que la corrupción se podría evidenciar en las distintas fases de la adjudicación del proyecto, sin embargo, en donde ocurre mayormente en es en la planificación.
Aseguró también que existe un patrón que se repite, y es el del financiamiento de la política por medio de la obra pública, tal como lo evidenció el Testigo A, cuyas declaraciones fueron evidenciadas por medio de un trabajo periodístico presentado por El Faro y CNN en español recientemente.
“Si pudiéramos hacer una curva, normalmente la corrupción empieza en la primera fase que es la planificación y en la Dirección General de Caminos encontramos ausencia total de planificación o en su defecto, procedimientos inadecuados para la planificación”, dijo el integrante de AC, Marvin Flores.
También señaló que hay inexistencia de participación ciudadana para la definición abierta de los proyectos, la discusión de proceso de adjudicación y el diseño de riesgos, así como el poco acceso a la información, ya que aunque exista en Guatecompras el proceso de adjudicación del proyecto, no se toma en cuenta.
A criterio de AC es necesaria una nueva Ley de Contrataciones del Estado o un nuevo sistema de adquisiciones públicas, ya que en el país hubo una reforma fallida, y aún cuando la ley es muy buena, “si no se cumple, no sirve”.
Puso como referencia la sobrevaloración de la carretera que conecta Tajumulco con la aldea Tocache en San Marcos. Dicho proyecto fue adjudicado a la empresa de Alejandro Matheu Escamilla, amigo del exministro José Luis Benito, y el proceso de realización fue comparado con el proyecto de Libramiento de Chimaltenango, ya que las empresas encargadas del proyecto no tenían siquiera un diseño.
