Congresista Hessel advierte que si Guatemala no lucha contra la corrupción y garantiza la independencia judicial, pondrá en peligro la certeza jurídica para las inversiones extranjeras

Foto: Katja Hessel

La congresista alemana Katja Hessel del partido FDP (Partido Democrático Libre) y secretaria parlamentaria en el Ministerio Federal de Finanzas mostró su preocupación por el deterioro del Estado de Derecho, la criminalización y el acoso contra operadores de justicia, de los cuales se encuentran más de 20 en el exilio, así como contra defensores de derechos humanos y periodistas; por lo que advirtió que si Guatemala no lucha contra la corrupción y garantiza la independencia judicial, pondrá en peligro la certeza jurídica para las inversiones extranjeras.

Hessel indicó que está enterada de la situación de Guatemala por los informes oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, y por medio de intercambios con diversas instituciones y organizaciones guatemaltecas.

Manifestó en una misiva enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, que el pasado 7 de abril, el Parlamento Europeo emitió una resolución sobre Guatemala, en la cual resalta su alta preocupación por el deterioro del Estado de Derecho, en dicha resolución se resalta que las elecciones de jueces deben ser transparentes, participativas y que los candidatos deben seleccionarse en función de sus méritos y trayectoria en materia de derechos humanos, de conformidad con las normas internacionales y la Constitución de Guatemala.

Y en la cual se le pidió a las autoridades guatemaltecas que garanticen la independencia judicial y también la elección justa del Fiscal General y del Procurador de los Derechos Humanos, además de derogar leyes regresivas como el Decreto número 4-2020, Ley de ONG, «ya que atenta contra varios derechos como a la libertad de expresión y asociación y puede contribuir al desmantelamiento del sistema de protección de los defensores de los derechos humanos, lo que refuerza la impunidad», manifestó.

Asimismo, señaló su preocupación por la reelección de Consuelo Porras como Fiscal General, pese a las recomendaciones que hiciera el Parlamento Europeo. «Me uno a estas preocupaciones del parlamento por el retroceso democrático que se está evidenciando en Guatemala. He seguido el proceso de elección para Fiscal General y me he enterado de que la actual funcionaria fue reelegida por el presidente, Alejandro Giammattei, a pesar de las recomendaciones del Parlamento Europeo y de su inclusión en la “Lista Engel”, una lista de personas señaladas de corrupción y prácticas antidemocráticas por parte de los Estados Unidos».

Agregó que es fundamental que la figura de Fiscal General esté libre de conflictos de interés y que sea una persona profesional, idónea y sin tachas. «La lucha contra la corrupción, la promoción de la independencia judicial y el respeto por y la habilitación del espacio cívico son primordiales para garantizar los derechos y las libertades de todas las personas y para lograr que la población guatemalteca tenga oportunidades equitativas de desarrollo. Al no atender adecuadamente estas problemáticas, afectará la gobernanza del país y la región y podrá poner en peligro la certeza jurídica para las inversiones extranjeras», señaló la congresista alemana.

Por lo que hizo un llamado para que se puedan promover con todas las medidas para luchar contra la corrupción, la impunidad, las injusticias y a favor de la independencia judicial y un Estado de Derecho en Guatemala.

«Pido que se puedan adoptar urgentemente las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad de defensores de derechos humanos, como Helen Mack, quien sufre intimidaciones y difamaciones constantes, así como la de operadores de justicia, como el juez Miguel Ángel Gálvez, quien sufre fuertes amenazas por los casos de alto impacto que está llevando. Además de velar por la situación de los fiscales actualmente detenidos, como Virginia Laparra, y que salvaguarden su derecho a un juicio justo».

Hessel dijo que, «es importante respetar el rol y facilitar el trabajo de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos en apoyo a la democracia y garantizar que no ocurran ataques en su contra u obstaculizaciones a su fundamental labor».