El proceso de postulación para elegir fiscal general se convirtió en un simple asunto de trámite, un parapeto para tratar de legitimar una decisión predispuesta y que no necesitaba del despilfarro de recursos humanos y materiales que implicó.
Fue la Corte de Constitucionalidad la que puso la “tapa al pomo”, en una arbitraria decisión que obligó a la inclusión de Consuelo Porras en la nómina final presentada al gobernante. La lista fue entregada en el Ejecutivo por la presidenta de la postuladora, quien fungió como oficial notificadora.
En Guatemala, bajo el tamiz de supuesta legalidad, transcurren las más sucias negociaciones para procurar impunidad, esta dinámica distintiva del régimen guatemalteco, no escapa del ojo crítico de la comunidad internacional.
Además de los constantes comunicados de las organizaciones internacionales, quienes en su momento advirtieron sobre la tendencia de deterioro del sistema judicial del país, las autoridades de los Estados Unidos han impuesto sanciones a un grueso número de actores corruptos, varias de éstas designaciones endosadas por el Reino Unido.
El sistema interamericano, de alguna manera, ha hecho uso de los distintos dispositivos de los que el Estado de Guatemala forma parte, para documentar la serie de arbitrariedades que han empañado la operación de justicia y que en forma inequívoca apuntalan a un deterioro de la situación por algún lapso.
Desde finales del año anterior, realizamos una serie de reuniones con parlamentarios y autoridades de la Unión Europea y otros países de ese continente, que ha tenido entre otros resultados la provisión de información que fue útil para que el Parlamento Europeo emitiera a inicios de abril una resolución, en la cual manifestó su preocupación por el acelerado deterioro del Estado de Derecho en Guatemala. Esto es una grave llamada de atención sobre la situación del país.
La prensa independiente de Guatemala ha divulgado la información de la caótica situación del sistema judicial del país, luchando en el mar de adversidad por el cerco impuesto por los medios de comunicación más grandes (como Albavisión), perennes aliados de la corrupción.
Ese tremendo trabajo lo han potenciado las publicaciones de prestigiosos medios internacionales (New Yorker, New York Times, Washington Post, El País, entre otros), que han puesto la mirada crítica para difundir lo que está ocurriendo en el Guatemala.
Hace unas semanas, en la ciudad de Panamá, de primera mano tuve la oportunidad de expresar al Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Antony Blinken, de acuerdo con la experiencia en Guatemala, medidas efectivas para combatir la corrupción, y principalmente mi propuesta sobre el enfoque que podría tener este país con respecto a la situación judicial y mis apreciaciones sobre los principales obstáculos en la lucha contra la impunidad en Guatemala.
En la Secretaría General de las Naciones Unidas, el pasado 29 de abril, el secretario general adjunto Volker Türk y la subsecretaria general adjunta Ilze Brands Kehris, recibieron con debida atención la información que se proporcionó sobre la instrumentalización del sistema judicial como mecanismo de venganza en contra de quienes trabajamos en coordinación con la CICIG para exponer las redes político económicas ilícitas del país.
El complicado panorama que vive el país, impide ver una luz en el agonizante Estado de Derecho de Guatemala –si es que aún existe-, y aunque la alianza criminal ha intentado esconder bajo la alfombra la suciedad del sistema, los operadores de justicia exiliados no dejaremos de usar nuestra voz para que el mundo sepa que en Guatemala se avanza estrepitosamente hacia el abismo.
¡No nos callarán!
