En mi experiencia, al transitar por la CA-9 alrededor del punto en que se han producido una grieta y una enorme caverna, por lo general uno se encuentra con tráfico es pesado. A horas pico la congestión es total. Realmente, ese tramo y unos kilómetros más en dirección sur, se ha ido convirtiendo, en el curso de unos veinte a veinticinco años, en una arteria principal de circulación diaria para los vecinos de Villanueva. Las autoridades responsables han ido permitiendo que se conecten a esa autovía, de manera formal o informal, talleres, residencias, accesos a centros comerciales, accesos a la ciudad, talleres y predios de automóviles usados, etcétera.
Como sería de esperarse, la velocidad promedio por la CA-9 siempre disminuye al pasar por ahí y, desde hace muchos años, esas infraestructuras soportan un tráfico muy por encima del que fueron diseñadas para viabilizar. Como si eso fuera poco, los autobuses extraurbanos se detienen a dejar y a recoger pasajeros en donde les da la gana y de sus puertas cuelgan los ayudantes procurando encontrar la vista o la mano de algún interesado en subir y aumentar el ya excesivo número de pasajeros. Ni la PNC ni la PMT asumen la misión imposible de poner orden en ese tramo carretero y, de esa cuenta, literalmente decenas de miles de guatemaltecos pierden horas preciosas de sus vidas todos los días como un macabro homenaje al desorden.
No puedo afirmar como un hecho que me conste que las grietas y cavernas cuyas fotografías han circulado por todas partes pudieran haberse evitado; sin embargo, al apreciar hasta qué punto se deja a la buena de Dios a los que diariamente circulan por esa arteria comercial tan fundamental para la economía del país, me atrevo a sospechar que se trata de un síntoma más de la enfermedad que sufre todo el país: nadie queda obligado a rendir cuentas en el plano político, menos todavía como administrador público y prácticamente nada como responsable de pérdidas millonarias sufridas por miles y miles de personas.
Este acontecimiento vial –uno más de una larga colección de fiascos—no es más que un efecto natural del hecho que ninguna de las autoridades responsables de que esto no hubiera sucedido van a dar cuentas ni a los ciudadanos, ni al Estado, ni a los damnificados. Todos éstos van a tener que tragarse en silencio las pérdidas adicionales que este régimen de “inmunidad de facto” les obliga a hacer propias sin poder hacer nada para que les sean resarcidas.
Mientras no se reforme la Constitución para erigir un Poder Judicial verdaderamente independiente no será la última vez que se afecten, sin ninguna consecuencia, las vidas de decenas de miles de personas. Para quienes no son juristas, el punto es que, en un Estado de derecho, todas las responsabilidades administrativas, civiles o penales, se exigen ante un tribunal de justicia y las políticas, ante un Poder Legislativo integrado por diputados pertenecientes a partidos políticos que, verdaderamente, cuentan con una legitimación democrática, tanto por representar una ideología política como también por los procedimientos electorales, internos y externos, que legitiman a sus candidatos. Y para que esto último se haga valer, hace falta tribunales independientes.
Pero no; lo más probable es que, como en ocasiones anteriores, los que están ahora en funciones echen la culpa a los que los precedieron, estos a los actuales o a sus antecesores y, así, nadie asumirá sus responsabilidades.
Las cifras de lo que este previsible desastre le costará a la economía nacional diariamente ya se han hecho públicas y, como ha ocurrido en Chimaltenango, en Cuatro Caminos, en San Lucas y otros sitios, lo más probable es que las reparaciones tomen semanas, si no meses. Así es la vida en el trópico, opinan algunos.
