La justicia es un valor fundamental de la sociedad para alcanzar la paz, es la certeza de consecuencias para quien actúa mal. Una sociedad sin justicia, es aquella en la que no se aplican las leyes o éstas se aplican de manera desigual, con privilegios o ventajas para unos, en perjuicio de los demás. Una sociedad sin justicia, es aquella donde las desigualdades económicas y sociales son tan marcadas o evidentes, que la discriminación y marginación se vuelven algo cotidiano y hasta normal. La ausencia de justicia convierte incivilizada a una sociedad.
Este año 2024 se debe desarrollar el proceso constitucional de postulación, selección y nombramiento de magistrados y magistradas del Organismo Judicial, el objetivo del mismo es la integración del Poder Judicial con profesionales honestos, idóneos e independientes; sin embargo, los procesos del 2014 y 2019 han dado suficientes indicios de que en Guatemala este proceso se negocia y decide de manera paralela, en un hotel o en una sala de un hospital. Actualmente el proceso ya sufrió un serio retraso, porque resulta que no se han integrado dos decanos de las Universidades Francisco Marroquín y Mariano Gálvez, esa irresponsabilidad merece el reproche de la sociedad, porque podría ser un retraso mal intencionado, que se suma a la serie de acciones que tienen secuestrado el sistema de justicia en Guatemala.
Los hechos que motivaron la instalación en el país de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) aún persisten, prueba de ello es la forma como desde el Estado se coordinaron y ejecutaron acciones regresivas en materia de seguridad y justicia, reformas legales (Ley de la Carrera Judicial, Código Procesal Penal), impunidad en los casos ya investigados y criminalización en contra de operadores de justicia que tuvieron participación en los mismos.
En los últimos siete años, el sistema de justicia ha sido secuestrado con el objetivo de regresar las cosas hasta antes de la llegada al país de la Comisión Internacional y para ello, los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, cumplieron fielmente con ese mandato perverso.
En 2017 el expresidente Morales inició con una serie de acciones en contra de quienes lideraron la lucha contra la corrupción y la impunidad. Ese gobierno inició con el plan de desmantelar las instituciones que tenían la tarea de investigar y juzgar casos de corrupción gubernamental y para ese objetivo nombró a la Fiscal General Consuelo Porras, obediente y efectiva en cumplir al pie de la letra la misión encomendada. Morales un pésimo gobernante que le dio la espalda al pueblo quien confió en él para hacer realidad las exigencias provenientes de las manifestaciones del 2015.
En el gobierno de Giammattei la estrategia de generar impunidad en los casos ya investigados y la liberación de los acusados dio grandes frutos. La venganza cruel y feroz en contra de quienes cumplieron con sus funciones de investigar y juzgar esos casos de corrupción, periodistas que ejercieron su labor de informar y personas defensoras de derechos humanos, constituyen hechos sin precedentes en la historia del país, porque se han utilizado los mismos casos investigados y de manera deliberada tergiversada en apariencia de legalidad, instrumentalizan el mismo sistema de justicia para fines de persecución política. El caso más reciente, la fiscal Virginia Laparra ha sido forzada al exilio para preservar su vida, luego de enfrentarse a dos procesos penales cuyas acusaciones en su contra fueron por actos propios del ejercicio de su cargo como fiscal.
Durante el gobierno de Giammattei no se eligieron magistrados para integrar la Corte Suprema de Justicia y Cortes de las Salas de Apelaciones en el tiempo fijado por la Constitución, se prolongó el plazo de las mismas por más de cuatro años. El retardo malicioso en la elección por parte del Organismo Legislativo y la consecuente prolongación de sus funciones, constituyen un ejemplo de intromisión de intereses perversos de cooptación del sistema, la politización y desviación del sistema de justicia. Se corre ese mismo riesgo en este proceso de postulación del 2024, por los malos antecedentes que existen y porque no existió ninguna consecuencia para los responsables.
La reelección de la Fiscal General Consuelo Porras fue, sin ninguna duda, porque era la persona idónea para garantizar impunidad a favor de las estructuras acusadas de corrupción y para agudizar la criminalización contra operadores de justicia, sus acciones así lo han demostrado. La Corte de Constitucionalidad intervino indebidamente en el proceso de postulación, mediante amenaza a la comisión postuladora que obligó a votar por ella e incluirla en la nómina de la que finalmente el expresidente Giammattei la nombró para un segundo período. Esto demuestra una clara coordinación con el fin de mantener secuestrado el sistema de justicia.
La actual Fiscal General, en cumplimento fiel a su mandato, dio un paso más y muy delicado, judicializó el proceso electoral y a las autoridades electorales, vulnerando la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Es por ello que, en resolución del 12 de diciembre del 2023, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) resolvió “Condenar enérgicamente el continuo abuso de poder por parte del Ministerio Público”. Esto nos ilustra el nivel de cooptación a que han sometido al sistema de justicia en Guatemala.
En Guatemala existen fiscales, jueces y magistrados que han jugado un sucio papel en el secuestro del sistema de justicia, quienes han queda evidenciados y sancionados por muchos países como actores corruptos y antidemocráticos. La historia y la justicia estarán para juzgar sus acciones.
Los gobiernos de Morales y Giammattei son los responsables de que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en sus informes de los años 2021, 2022 y 2023, ubique a Guatemala junto a Venezuela, Cuba y Nicaragua, por “graves retrocesos en la lucha contra la impunidad y la corrupción”, que han socavado “progresivamente el Estado de derecho”, que afectan “gravemente el acceso a la justicia y la vigencia de los derechos humanos de la población guatemalteca”. Asimismo, porque en Guatemala se agudizó “el ejercicio abusivo del poder por parte del Ministerio Público que socava y contraría el Estado de Derecho”. Internacionalmente el Estado compromete su responsabilidad, derivado de la manipulación perversa de su sistema de justicia.
Un sistema de justicia que no es independiente y transparente sino que por el contrario, persigue fines ilícitos, como los anteriormente enumerados, necesita urgentemente una reforma integral, la que debe pasar por la depuración, porque la justicia no es de quienes la tienen secuestrada, sino que es la aspiración de un pueblo a vivir dignamente.
Un sistema de justicia debe estar al servicio del pueblo y ser de su confianza, gozar de legitimidad y cumplir fielmente los principios y mandatos impuestos por la Constitución y las leyes del país. Guatemala necesita de un sistema de justicia íntegro y honesto, que fortalezca el estado de Derecho, el sistema democrático y garantice la aplicación igual de la ley, para procurar la paz social.
