Las acciones aparentemente legales pero ilegítimas que han emprendido funcionarios del sistema de justicia contra la voluntad popular, son una afrenta para el pueblo de Guatemala que acudió con patriotismo a elegir a sus autoridades, sin imaginar que era lo que estaban tramando para decir que hubo fraude, algo imposible en nuestro sistema electoral por la manera en cómo está diseñado. Para ellos hubo fraude solo para presidente, porque para alcaldes y diputados, todo estuvo bien, una lógica que solo los golpistas se la creen.
Ante los atropellos de los golpistas, se han presentado varias acciones legales, sin embargo no han tenido el resultado que apegados a la Ley y a un Estado de Derecho tendrían en defensa del orden constitucional que ha estado siendo violentado.
Esto pasa por la cooptación que ha ocurrido primero en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que fieles a sus electores se han mantenido por nueve años al frente del Organismo Judicial, garantizando impunidad y criminalizando a los jueces que se han opuesto a ese sistema corrupto.
Hace unos años con la presión por ser descubiertos por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) guardaban las formas para no beneficiar a quienes eran sindicados de cometer hechos ilícitos contra la administración pública, pero eso ahora ya se perdió, el descaro está a la orden del día y no les importa nada, pues igualmente en el imaginario social son corruptos y ya no tienen nada que perder.
Por eso es que por muchas acciones legales en contra de los golpistas que se hagan, no habrá Corte Suprema de Justicia quien los detenga, los propios magistrados fueron generados de impunidad.
De igual forma están los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad que no han podido pararles el carro a la Fiscal General, Consuelo Porras, al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y al juez Fredy Orellana, en contra del proceso electoral y la voluntad del pueblo de Guatemala.
La más alta Corte del país ha sido incapaz de detener el proceso de Golpe de Estado que se ha estado gestando desde las entrañas del Ministerio Público y por supuesto del Organismo Ejecutivo. Porque las movilizaciones no son en defensa de un partido político en particular sino son por la defensa de la Constitución a la que le juraron lealtad, algo que ha quedado para esta Magistratura por los suelos.
No es posible que un Juez Ordinario tenga las mismas facultades que la Ley Electoral y de Partidos Políticos que dicho sea de paso es de rango Constitucional, para ordenar secuestrar actas electorales y pasar sobre la autoridad Electoral siendo estos los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que son los jueces designados por una Ley constitucional para atender todo lo relacionado a esta materia.
Se han basado en subterfugios que las leyes ordinarias le dan con el único objetivo de seguir amedrentando la democracia del país, sin que exista alguien a quien poder acudir para que de una vez por todas los haga responsables de sus retorcidas actuaciones en contra de la voluntad del pueblo de Guatemala.
Pero ¿a quién acudiremos? Iremos de la mano del pueblo para salvar lo que queda de democracia, porque esta lucha la ganará la ciudadanía, basta de ser una dictadura las leyes, basta de usar las leyes para amenazar la voluntad popular. ¡Porque el pueblo unido, jamás será vencido!
