Virginia Laparra renunció como fiscal del Ministerio Público (MP), quien estuvo a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango.
«Renuncio como Fiscal, pero mi lucha por la justicia continúa. Después de 16 años de servicio, he decidido renunciar debido a la criminalización de mi labor y la arbitraria negativa de reincorporarme, como una pena anticipada», informó Laparra por medio de un comunicado.
La exfiscal explicó que tomó esta difícil decisión tras el esfuerzo continuo de criminalizar su labor. «Me siento orgullosa de la labor que realicé, desde mis inicios como pasante, hasta las complejas investigaciones en contra de estructuras del crimen organizado que tuve el privilegio de liderar al frente de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Quetzaltenango. Durante toda mi carrera fiscal, realicé mi trabajo con profesionalismo y rigor», aseguró.
Asimismo, se solidarizó con las decenas de sus colegas que han sido perseguidas por hacer su trabajo con igual dedicación y dignidad; y con los cientos de fiscales que han sufrido hostigamiento o han sido destituidos por mantenerse firmes en sus principios.
«La ciudadanía guatemalteca sufre hoy las consecuencias de una fiscal general que abandonó su deber de procurar justicia y ha convertido al MP en un instrumento de venganza al servicio de intereses corruptos y mezquinos», agregó Laparra en dicho comunicado.
Mencionó que termina un capítulo de su vida como fiscal de carrera, con alegría y orgullo, «a pesar de los reiterados esfuerzos de quebrarme y pisotearme por haber cumplido con mi deber. No lo han logrado, ni lo lograrán pues tengo a mi disposición armas que me han permitido derrotar a la muerte misma: mis hijas, mi familia y mis amistades más queridas».
Puntualizó que continuará con su vida profesional por otras rutas, «fortalecida más que nunca por el apoyo de tantas personas y organizaciones que me han permitido hacer frente a estos embates y con quienes siempre estaré muy agradecida».
La exfiscal fue detenida el 23 de febrero de 2022 acusada por el exjuez Lesther Castellanos de supuestamente cometer un delito administrativo en 2018, cuando fungía como fiscal anticorrupción en Quetzaltenango.
