Este trece de octubre estaría cumpliendo catorce años de servicio judicial; sin embargo, debido a la era de criminalización sin precedentes, iniciada en contra de operadores de justicia en Guatemala, escribo este primer artículo desde los Estados Unidos, país que me ha recibido en protección, ante el inminente riesgo de sufrir graves daños en contra de mi integridad física y vida, por acciones de venganza derivadas de que en 2017 presenté una denuncia por tráfico de influencias en contra de Blanca Aída Stalling Dávila, magistrada de la Corte Suprema de Justicia. El sistema de justicia guatemalteco, en contubernio con mis denunciantes, me dio la espalda.
Tuve el honor de servir y procurar en todo momento los principios y valores institucionales del Organismo Judicial, por eso me encuentro con sentimientos encontrados; por un lado, la satisfacción del deber cumplido y salir con la frente en alto y por el contrario, la decepción y frustración del sistema de justicia de Guatemala que se encuentra capturado por intereses oscuros y hasta criminales. Las resoluciones judiciales de los últimos días, el encarcelamiento de fiscales, abogados y periodistas, son claros ejemplos de ello.
El antejuicio 229-2022 presentado en mi contra por la Fundación Contra el Terrorismo, contenía hechos falsos y contradictorios, los cuales fueron afirmados por la Corte Suprema de Justicia, en resolución del 08 de febrero del 2023. Tales como atribuirme erradamente hechos del año 2022, cuando en realidad fue en 2016 y 2017 la citación al despacho de la magistrada en el Palacio de Justicia y la presentación de la denuncia, respectivamente. Asimismo, porque supuestamente la grabación de la reunión era ilegal, no obstante esta misma Corte Suprema de Justicia, en 2017 cuando admitió a trámite el antejuicio en contra de dicha magistrada, en resolución del 19 de enero del 2017, antejuicio 22-17, indicaron que del audio se establecía que la antejuiciada intercedió por un familiar a efecto se le concediera una medida sustitutiva (libertad), sin que en ningún momento se hicieran valoraciones de falsedad, ilicitud o abuso de autoridad.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia, afirmó hechos falsos en la resolución por la que dieron trámite al antejuicio en mi contra, esta fue firmada por: la presidenta del Organismo Judicial Silvia Patricia Valdés Quezada, siendo la única del resto de titulares quien no se apartó de conocer, teniendo causa expresa legal para hacerlo; el magistrado Manuel Duarte Barrera y los magistrados y magistradas presidentes de Salas de Apelaciones: Mario Obdulio Reyes Aldana, Rosa María Rivera Acevedo, Anabella Cardona Cámbara, Ronald Manuel Colindres Roca, Fredyn Waldemar Fernández Ortíz, Harold Ortíz Pérez, Jaime Amílcar González Dávila, Rafael Morales Solares, María de la Luz Gómez Mejía, Sonia Doradea Guerra de Mejía y Carlos Rodimiro Lucero Paz.
En búsqueda de justicia, presenté amparo ante la Corte de Constitucionalidad, quienes retardaron maliciosamente y denegaron justicia, porque desde el 01 de junio no dictaron la sentencia, no obstante la Ley de Amparo establece que ocho días después de esta se debe dictar. Puedo afirmar que esa actitud de jugar con el tiempo, ahora que ya no tengo la calidad de juez, hará que en los próximos días dicten una resolución por la que ordenan la suspensión del trámite del amparo por falta de materia y se archive el proceso. También las resoluciones de dicho Tribunal Constitucional, en material electoral, son duramente cuestionadas y con justa razón, porque generan desconfianza, no cumplen el papel fundamental que les encomienda el Texto Constitucional.
El audio de la reunión y la denuncia fueron conocidas por el Ministerio Público, la propia Corte Suprema de Justicia, la Comisión Pesquisidora y el Pleno del Congreso de la República y por último, el juez séptimo de Torre de Tribunales que ordenó la captura y envió a prisión a la denunciada; pero ninguno de ellos, en su análisis y resoluciones indicó que la denuncia y el audio fueran ilegales o falsos, sino al contrario, establecieron que era evidencia contundente de la comisión de un delito, por lo que ahora que se inician acciones en contra de quienes cumplimos un deber, se denota un claro acto de venganza.
La Ley de la Carrera Judicial, en el artículo 28, literal h) establece que es deber de los jueces: “denunciar cualquier hecho o acto que implique riesgo o amenaza para la independencia del ejercicio del cargo” y el artículo 298 del Código Procesal Penal establece la denuncia obligatoria de funcionarios o empleados públicos que conozcan de un hecho delictivo en ejercicio de sus funciones, por lo que la denuncia presentada, constituye el complimiento de un deber y una obligación. Por eso resulta fácil concluir sobre lo espurio y contrario a Derecho las acciones iniciadas en contra de quienes tuvimos participación en el caso.
Es grave que en Guatemala se use la toga como disfraz, para saciar la sed de venganza de una persona, quien quiere lavarse la cara, por hechos y actos que fueron escuchados y observados por todo el pueblo de Guatemala, tanto cuando se cometía un delito en el Palacio de Justicia, así como cuando vimos a la magistrada ponerse en fuga usando una peluca, este resulta ser uno de los peores retratos de la justicia actual en Guatemala.
Actualmente, por esos mismos hechos se encuentra procesada de manera arbitraria la abogada Claudia González, exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, quien está siendo sujeta de graves violaciones a sus derechos y garantías procesales, bajo el mismo patrón sistemático del Ministerio Público y del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal. Además, por las órdenes de captura contra los fiscales que investigaron. Resulta que, si para un juez denunciar no es delito, sino un deber y una obligación, para los fiscales y querellantes que tuvieron participación en las diligencias de antejuicio e investigación posterior, quienes cumplieron con las responsabilidades propias de sus cargos, tampoco es un delito.
Es importante dejar en claro, la independencia de jueces y magistrados no es un privilegio de ellos, sino un derecho del pueblo de Guatemala para que existan tribunales y cortes de justicia imparciales, que interpreten y apliquen la ley sin ningún privilegio, sino con el único interés de garantizar el derecho a la justicia y contribuir a la paz social. Por eso también es grave que en Guatemala, se utilice al sistema de justicia para anular la voluntad popular expresada en las urnas, convirtiéndose en un instrumento a la orden de quienes se oponen a los cambios que la población exige.
En estos momentos Guatemala vive una crisis política, que precede a una permanente crisis del sistema de justicia, porque los hechos que hoy presenciamos, nunca antes habían sido vistos en nuestra frágil democracia. Los procesos cuestionados de elección de magistrados de las cortes, prolongación de funciones de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, interrupción o cierre de investigaciones de gran corrupción y muchos casos bajo patrones de criminalización y venganza en contra de quienes denunciaron, investigaron y juzgaron delitos cometidos por funcionarios, empresarios y de justicia transicional, son muestras del deterioro institucional bajo el cual nos encontramos.
La esperanza y anhelos de un pueblo para vivir en una sociedad democrática, se expresan en las manifestaciones espontáneas, creativas y pacíficas, que en estos momentos toman caminos, calles y avenidas de Guatemala, que exigen respeto a los resultados electorales. Son la expresión legítima y soberana del poder que radica en el pueblo. La participación ciudadana no solo es una exigencia formal el día de las elecciones generales, sino que también es la legítima resistencia por los derechos y libertades, la libre protesta y manifestación, que nuestra Constitución consagra en sus primeros preceptos.
Dicen que de las crisis salen las oportunidades, pero en Guatemala hemos vivido en constante crisis de gobernabilidad, de falta de legitimidad de autoridades, de problemas sociales y de confianza en el sistema de justicia. La reforma integral del sistema diseñado por la Constitución es un tema que merece mucha atención, para evitar lo que se avecina, que el sistema de justicia se convierta de manera perversa en quien legalice o convalide un golpe judicial al sistema electoral.
