Ante el proceso de nombramiento de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones, el Vance Center para la Justicia Internacional del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York y la Federación Centroamericana de Juezas y jueces por la Democracia (FECAJUD) recomendaron a la comunidad jurídica y la sociedad civil poner atención a los conflictos de intereses que se pueden presentar.
«En la convocatoria que expidan las Comisiones de Postulación debe ser claro el método de preferencia que se establezca para las personas que ya integran la carrera judicial. En la medida posible, en vista de la importancia de experiencia previa como juez para ejercer adecuadamente las funciones de magistrado, la carrera judicial y las evaluaciones de tal desarrollo profesional deberían recibir atención prioritaria», señalaron.
Asimismo, indicaron que es fundamental establecer un perfil detallado acorde a la importancia de la función jurisdiccional, que actúe como un método de pre-filtro para recibir un número de solicitudes mucho más manejable.
Para verificar la honorabilidad de los participantes, el Vance Center y la FECAJUD señalaron que es fundamental establecer un mecanismo para recibir y analizar la información presentada por la sociedad civil, que puede auxiliar a las Comisiones de Postulación en realizar una verificación de la información aportada por los candidatos.
En relación a la solicitud del Gobierno a la Organización de los Estados Americanos, para el envío de una misión de observación, indicaron que debe existir apertura y disponibilidad de todas las instituciones e instancias involucradas en el proceso, para que se cumpla el objetivo de la misión, el acompañamiento y veeduría internacional.
Las organizaciones también recomendaron realizar una reforma integral al sistema de justicia, incluyendo reglas sobre ingreso, promoción, adscripción, formación, traslados, capacitación, y disciplina, de jueces, magistrados y personal auxiliar.
Además, incluir a consideración sobre el periodo de nombramiento y escalonamiento de la renovación de los jueces y magistrados, así como otras garantías de independencia judicial, tales como presupuesto, remuneraciones económicas por retiro, seguridad, procesos de remoción, régimen de
incompatibilidades, entre otros.
