La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) pidió al Estado «el cese definitivo de la estrategia de criminalización y retomar la construcción de la Política Pública de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos».
«En plena restauración del Régimen dictatorial, el autoritarismo, la represión y la venganza se convierten en la forma antidemocrática de ejercer el poder en el país», indicó por medio de un comunicado.
Asimismo, recordó que durante el 2022 se agudizó la estrategia dirigida a capturar todas las instituciones publicas, para que la articulación de las élites de poder pudiese hacer uso, particularmente del Sistema de Justicia, «con el objetivo de criminalizar a personas defensoras de derechos humanos, operadoras y operadores de justicia, periodistas y toda aquella persona opositora al régimen establecido».
Agregó que han verificado y documentado un total de 3 mil 574 agresiones en contra de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos, lo que representa el mayor número de agresiones registradas en 22 años.
«Esta política de represión que se manifiesta en venganza contra aquellas personas que impulsaron y lideraron los procesos de justicia contra actores politicos, empresariales, militares y miembros del crimen organizado por actos de corrupción, impunidad o graves delitoS cometidos durante el Conflicto Armado Interno», aseguró.
Según UDEFEGUA, este clima de violencia, si bien está afectando a toda defensa de derechos hunmanos, se ha ensañado contra personas operadoras de justicia, ciudadanos y ciudadanas en búsqueda de justicia, periodistas y/o comunicadores(ras) sociales y, defensoras(es) de la tierra y el territorio.
También expresó su preocupación por el crecimiento sostenido del uso del espacio digital para la generación de difamación, estigmatización, discurso de odio y hostigamiento, como el inicio de los procesos de criminalización.
«Es evidente que esta estrategia tiene como propósito deslegitimar la voz de las personas defensoras de derechos humanos, para que luego puedan ser denunciados judicialmente sin fundamento alguno y levar a cabo detenciones arbitrarias e ilegales», se lee en el comunicado.
Por ello, pidieron a la comunidad internacional, continuar fortaleciendo y ampliando las sanciones en contra de actores de instituciones publicas del Estado guatemalteco y actores privados comprometidos con la Corrupción e impunidad, y brinden mayores apoyos a la sociedad guatemalteca en la reconstrucción democrática, así como ampliar sus mecanismos de protección internacional.
Y a la sociedad guatemalteca, fortalecer su organización, ampliar la articulación y profundizar su movilización social para detener este clima de violencia y represión estatal contra la defensa de los derechos humanos.
