En los últimos días han circulado varios videos en los que se ven grupos del crimen organizado ingresando a municipios de Chiapas, México, fronterizos con Guatemala, por una disputa entre los cárteles mexicanos de drogas para tomar el control del área que posiblemente es corredor del trasiego de estupefacientes.
Esta situación se ha ido exacerbando también en municipios fronterizos en los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, que se han visto afectados con cierre de negocios, entre otros actos de violencia, como la muerte de varios agentes de la Policía Municipal.
Poco o nada pueden hacer elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), a quienes por mucho los sobrepasan el número de delincuentes, con capacidad de elementos y armamento.
Las acciones de estos criminales tarde o temprano pondrán en riesgo la vida de la población civil. Sin presencia del Estado es difícil combatir la infiltración del narcotráfico, o de grupos delincuenciales que se dedican al tráfico ilegal de personas, tráfico de armas, asesinatos, entre otros delitos al margen de la Ley.
En días anteriores se informó sobre el secuestro por un grupo fuertemente armado de Luis Alberto Chacón Alvarado, alías “Wicho Veneno”, quien era uno de los 100 más buscados por el Ministerio de Gobernación, con un proceso de extradición y acusado de los delitos de asociación ilícita, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, en una zona fronteriza de Izabal. Posteriormente Chacón fue encontrado muerto, lo que demuestra la fuerza y la forma de cómo estos grupos que operan al margen de la Ley.
Es de suma urgencia que las autoridades del Ministerio de Gobernación y Ministerio de la Defensa, hagan todo lo que tengan en su alcance para evitar la penetración de grupos violentos del crimen organizado en nuestro territorio. Porque estos grupos desde hace mucho que operan en Guatemala, y las autoridades han brillado por su ausencia.
Llegó el momento de proteger a toda la población civil que es la que más sufre en estos casos, máximo cuando ocurren enfrentamientos entre grupos armados, cuando quedan entre el fuego cruzado entre las autoridades y los delincuentes.
Exigimos la seguridad necesaria para hacerle frente a esta problemática y no seamos el segundo país que ponga a los muertos en esa guerra contra el narcotráfico.
Es menester que las autoridades creen políticas públicas integrales e internacionales que ayuden a amedrentar a los grupos de la delincuencia organizada. También hacemos un llamado al Congreso de la República a tener una visión mundial para atacar este problema y legislar lo antes posible leyes que permitan combatir con inteligencia a estas organizaciones criminales.
Hay que buscar alternativas que ayuden a enfrentar el problema mundial de las drogas, hay que ver ejemplos como el de Uruguay con modelos alternativos, que no signifiquen una guerra en donde siempre el más débil, en este caso la población, sea el que pague los platos rotos.
También hacemos un llamado a todas las autoridades electas para que tomen cartas en el asunto y pongan atención inmediata a esta situación, ciertamente hay problemas nacionales que desbordan el quehacer de las autoridades, pero no por eso se debe dejar al tiempo y cuando ya no se pueda resolver problemas puntuales como el combate a estos grupos y principalmente el narcotráfico.
