“Cuando las leyes son claras y precisas, la función del juez no consiste más que en comprobar un hecho”. Immanuel Kant
El día de hoy, trece de octubre de 2023, la Corte Suprema de Justicia cumple cuatro años sin haber sido reelecta, exceso que parece que a ninguno de los magistrados actuales de dicha corte parece importarles. Igualmente, los dignatarios de la nación y los principales representantes del sistema de justicia, no desgarran sus vestiduras ni parece molestarles tal anomalía jurídica, quizá porque la conformación actual del sistema les es ampliamente favorable para sus intereses. Este antecedente político es importante para entender la crisis político – institucional que vivimos en la actualidad, en especial frente a una fiscal general del MP que vocifera desde hace mucho tiempo su apego a la legalidad y al Estado de Derecho, pero que en su actuar diario, privilegia los casos y causas que le interesa a los actuales operadores de justicia y al gobierno de Alejandro Giammattei, que es el verdadero culpable de esta lamentable decadencia del sistema político y judicial de Guatemala.
Doña Consuelo Porras podría fácilmente encontrar muchas causas que debería promover, por ejemplo, que se haga cumplir la resolución relativa al expediente 1169-2020, del seis de mayo de 2020, en el que se ordena al Congreso de la República proceder a nombrar a la Corte Suprema de Justicia en un plazo de “en un plazo de 20 días, al finaliza el plazo tendrán cinco días para convocar a sesión plenaria para realizar la elección de magistrados de CSJ y Apelaciones”, resolución que obviamente, no ha sido cumplida, sin que la actual jefa del Ministerio Público haya realizado alguna acción para cumplir dicha resolución. Este es solamente uno de los tantos ejemplos que se podría dar para demostrar que en algunos casos, el MP actual es muy diligente y expedito, y en otros es completamente inoperante y complaciente, por lo que solo este detalle bastaría para demostrar que ya desde hace al menos cuatro años, vivimos en una sociedad de facto, no de iure, tal como se esfuerza vanamente el MP en decirnos.
Una segunda dimensión de la problemática jurídica que vive Guatemala es la tendencia no solo a realizar persecuciones penales con dedicatoria y vehemencia malsana a los enemigos, sino que la de legislar pensando en un caso particular: lo demostró la reforma legal que sufrió la ley orgánica del MP mediante el decreto 18-2016, que estableció que únicamente se puede destituir al fiscal general del ente investigador cuando exista un hecho doloso que haya sido sancionado mediante sentencia en firme, aspecto que determina una casi imposibilidad de destitución, considerando los tiempos procesales de los juicios y las múltiples estrategias de litigios maliciosos que tardarían probablemente meses o años en alcanzar una sentencia en firme. Esta reforma, por supuesto, se dio en el marco de la lucha contra la corrupción que lideraba Thelma Aldana, cuando entonces tenía un presidente que tenía razones personales para destituirla, por lo que se realizó tal modificación a la normativa para protegerla. Lamentablemente, siete años después, el panorama es completamente diferente, y tenemos en el MP a un personaje nefasto que aprovecha tal inmunidad legal para hacer lo que quiera, sin importar cuánto daño le haga al país o a la democracia.
Por supuesto, ahora se esta desarrollando una intensa negociación para encontrar salidas jurídicas a tal problema, incluyendo interpretaciones “hermenéuticas” o posibles reformas legales que permitan remover a tan odiado personaje. Lamentablemente, ni la reforma del 2016, ni la posible salida legal del 2023, es suficientemente buena, porque se enfoca únicamente en el momento político que vive el país, por lo que muy probablemente, cualquier solución que se alcance, perderá vigencia muy rápidamente. Esta tendencia a legislar pensando en intereses y momentos particulares es el origen del Estado Anómico, en el que la legislación y las instituciones rápidamente pierden vigencia y utilidad, por lo que siempre se necesitan soluciones informales que alteren, interpreten o encuentren la contradicción o vacío del sistema para colar cualquier objetivo previamente consensuado, lo que garantiza una sociedad en donde no existen parámetros mínimos de convivencia pacífica, o de justicia generalizada, mucho menos de inclusión al sistema: cada grupo quiere interpretar la leyes y las estructuras institucionales del Estado para su propio beneficio. Construir una Guatemala mejor es cambiar esta forma casuística y anómica con la que actuamos, de manera que alcancemos un marco legal e institucional más estable e incluyente.
