“La decisión del TSE con el caso de Baldizón lanza un mensaje de poca claridad respecto de la interpretación del criterio de idoneidad y otros para la inscripción de los candidatos en el actual proceso electoral” (Natalia Gámez – MoeGuate).
La transición a la democracia en Guatemala inició formalmente cuando el 8 de agosto de 1983, el general Óscar Humberto Mejía Víctores derrocó al presidente de facto Efraín Ríos Montt, convocando unos meses después a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente que elaboró la actual Constitución de la República. De ese período de transición heredamos el actual andamiaje legal e institucional que nos gobierna desde entonces, y en esos tiempos de inestabilidad política, los analistas de entonces consideraban que la fortaleza de la democracia se basaba en tres pilares fundamentales: la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral, la creación del magistrado de Conciencia, el Procurador de Derechos Humanos, y la constitución del tribunal encargado de defender la Constitución: la Corte de Constitucionalidad.
En particular, el TSE jugó un papel fundamental en la consolidación de la democracia, debido a que durante muchos años, el máximo rector en materia electoral gozó de una legitimidad que le permitió a la democracia guatemalteca desarrollarse sin la sombra del fraude, que es quizá el cáncer más pernicioso que puede desarrollarse en un sistema democrático. Sin embargo, dicha legitimidad fue decayendo con el paso del tiempo, debido en buena medida a la creciente tendencia de los partidos políticos a aprovechar los vacíos y contradicciones que se afincaban en la misma legislación electoral; adicionalmente, el hecho que el período para el que se eligen a los magistrados del TSE es de cinco años, favorece que cada proceso electoral sea dirigido por una magistratura diferente cada vez, lo cual fue generando estilos de dirección diferentes que empezaron paulatinamente a causar zozobra. Entender este lento pero sostenido proceso de pérdida de credibilidad es el objeto de esta breve reflexión.
La principal debilidad del TSE ha sido precisamente las deficiencias de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, cuerpo electoral que ha sufrido en numerosas ocasiones de reformas puntuales y de mayor envergadura, gracias a que paulatinamente fue visto como un objetivo político relevante: la mayor parte de actores políticos en Guatemala han teorizado sobre la relevancia de reformar la LEPP, con los criterios que cada actor identifica como prioritarios. La intención de reformar, sin embargo, ha sido el principal problema: cada proyecto de reforma discutido desde el 2004 en adelante ha sido objeto de agudas controversias que favorecen que al final de cada proceso de reforma, existan numerosas contradicciones y vacíos que la hacen de difícil aplicación. Frente a esos vacíos y contradicciones, el TSE debe desarrollar su tarea de dirigir los procesos electorales con la necesidad de interpretar dichos vacíos, lo que favorece una amplia discrecionalidad que ha sido la principal fuente de sospecha. En la práctica, muchas veces el TSE decide un curso de acción en un caso particular, y otro muy diferente en casos que aparentan ser similares, lo que permite que se cuestionen los motivos para actuar de una u otra forma.
En el actual proceso electoral, la discrecionalidad del TSE para subsanar los vacíos ha adquirido proporciones de escándalo, debido principalmente a la controversia desatada por la negatoria de inscripción de Jordán Rodas, y la aceptación de la candidatura de Manuel Baldizón; en ambos casos la denegatoria se sustentaba de forma indirecta en el precepto constitucional que establece que los requisitos para participar como candidato en las elecciones es la capacidad, la idoneidad y la honradez; sin embargo, los criterios no parece ser similares: se niega la inscripción de Rodas, debido a que supuestamente tiene problemas de Finiquito, pero se permitió la de Baldizón, pese a que tenía una condena por lavado de dinero y varios procesos abiertos en Guatemala.
La avalancha de críticas que generó la decisión de dejar participar a Baldizón, sin embargo, provocó que apenas unos días después, el TSE diera marcha atrás, dejando una estela de dudas, reclamos y cuestionamientos que le siguen haciendo un daño enorme a la credibilidad institucional del máximo órgano electoral. Con este antecedente institucional y legal tan controvertido, las dudas sobre el proceso electoral siguen creciendo, aspecto que debe ser seriamente asumido por los actuales magistrados del TSE, quienes deben desarrollar una estrategia efectiva para recuperar la confianza ciudadana; de lo contrario, se anticipa elección difícil y controvertida. ¿Sabrá el TSE afrontar el desafío? Solo el tiempo lo dirá.
