Desde septiembre de 2017, la prensa independiente ha reportado la existencia del Pacto de Corruptos, que es nada más y nada menos que la alianza entre presidentes, diputados y empresarios corruptos en búsqueda de impunidad. Sin embargo, pareciera que para muchos aún no está claro quienes conforman este pacto, porque todavía preguntan ¿Quiénes son los del Pacto de Corruptos?, no sabemos si lo hacen por ingenuidad o porque son parte de ese engranaje que utiliza esa alianza para lanzar sus dardos y desacreditar a quienes con claridad hablamos sobre el tema.
El 13 de septiembre de 2017 nació el término “Pacto de Corruptos”, cuando los diputados del Congreso de la República decidieron modificar el Código Penal para protegerse de las acusaciones de corrupción y del delito de financiamiento electoral ilícito, pero esas reformas trajeron consigo que el 89 por ciento de todos los delitos tuvieran alternativas para evitar la prisión.
El proceder del Congreso provocó una serie de manifestaciones masivas que hizo retroceder a los diputados que habían aprobado tan aberrantes modificaciones al Código Penal. A partir de ahí “el trabajo sucio de los políticos por fin tenía nombre en Guatemala”, el Ejecutivo, Legislativo y cámaras empresariales que se habían visto afectados por investigaciones por el delito de financiamiento electoral ilícito se unieron para prohibir más investigaciones en su contra. Con ello, lograron que el entonces presidente Jimmy Morales, no renovara el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en búsqueda de impunidad. (Parafraseando a No Ficción).
Esa alianza criminal que defenestró a la CICIG, ha buscado ser permanente en Guatemala, cooptando las instituciones en su beneficio, ya ocurrió con la elección de los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al colocar a un exministro de Morales, Gabriel Aguilera, quien apoyó incondicionalmente al expresidente para que el país fuera un tercer país seguro. Además del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Ranulfo Rafael Rojas, quien aparte de ser acusado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) por el caso Fénix, tiene un título falso de la Universidad Da Vinci.
El estado capturado también se ha hecho evidente con la elección de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), con el único fin de volver a las viejas prácticas donde los poderosos no puedan ser alcanzados por la justicia. Hemos sido testigos cómo el Pacto de Corruptos eligió a Magistrados de la CC, comprometidos a generar impunidad para quienes han sido acusados por casos de corrupción.
Es evidente que la presencia de la Magistrada Gloria Porra les causa escozor y por ello han torpedeado con toda clase de argucias legales para que no llegue a la máxima Corte. Y todo por no tener un Consejo Superior Universitario (CSJ) que haga valer su decisión como un órgano colegiado e independiente.
Y ahora es más evidente con la elección del Fiscal General, y es que son tan sinvergüenzas y descarados que agilizarán todo los procesos en contra de quienes no se han alineado a ese Pacto, como lo ocurrido la semana pasada con el exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Da Vinci, David Gaitán, a quien la Fundación Contra el Terrorismo, aliado del Pacto de Corruptos, le puso una denuncia a la cual la Fiscal General, Consuelo Porras, dio trámite con agilidad con tal de obstaculizar los mecanismos que Gaitán habría presentado en la Comisión de Postulación, para evaluar a los candidatos a dicho cargo.
Así pues que este es el Pacto de Corruptos, la alianza de quienes quieren seguir con las mismas prácticas del pasado, con el único fin de generar impunidad. Seguir mandando a su antojo, seguir robando sin pena alguna, en pocas palabras seguir destruyendo la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala.
