Los abogados, los notarios y otros profesionales del derecho hemos venido haciendo contribuciones a un fondo de prestaciones sociales gestionado por la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (“el Fondo”). El Fondo existe para financiar los programas para hacer frente a riesgos o circunstancias como una enfermedad, la maternidad y accidentes, la invalidez, vejez y sobrevivencia y la muerte. Ronda ya alrededor de un millardo de quetzales.
Su financiación es bastante peculiar, puesto que se produce mediante la venta de timbres forenses y notariales. Realmente, si alguna vez la hubo, hoy en día ya no existe relación alguna entre los ingresos o la capacidad contributiva de un colegiado y las cantidades en dinero que deba emplear para adquirir dichos timbres, como tampoco con los beneficios que cada colegiado o beneficiario reciba.
De ese modo, bien pueden darse casos de colegiados que casi nada contribuyan a financiar el Fondo y se beneficien igual (o más) que otros colegiados que hayan contribuido más; tampoco existe relación alguna entre los ingresos de cada colegiado y el importe de las prestaciones que reciba. Esto ya es, en sí y de por sí, problemático y carece de toda lógica financiera y de cualquier sentido de equidad. Paradójicamente, los profesionales del derecho debieran entender de equidad de justicia y procurar que dichos valores iluminen la vida social y sus instituciones, incluyendo su propio colegio profesional.
Pero la peculiar financiación del Fondo no es el único problema del que los colegiados deban preocuparse o, por lo menos, ocuparse. El Fondo nunca se ha gestionado profesionalmente. Sí se gestiona por profesionales, es decir, las autoridades del CANG, pero no por especialistas en la gestión de fondos. A lo largo de los años, a veces con más acierto y transparencia, a veces con menos, la gestión de recursos previstos para hacer frente a los riesgos principales de la vida de una persona –incluyendo, para quienes quedan atrás, el de su muerte—se han gestionado ineficientemente.
Dicho de otra forma, sin asumir mayores riesgos financieros de los que en general se ha asumido, los fondos contribuidos por decenas de miles de colegiados a lo largo de varias décadas podían haberse invertido con mucho mayor fruto y mayor seguridad. Sobre todo, en esta economía globalizada, los fondos contribuidos por los colegiados podían haberse invertido en una variedad de instrumentos financieros que, sin dejar de presentar un perfil de inversión conservador, podían haberlos protegido mucho mejor de riesgos de inflación, de devaluación, de concentración, etcétera.
Pienso que los colegiados debieran exigir que, con base en procedimientos transparentes, se encargara a una firma o empresa de reconocido prestigio la contratación de una gestora de fondos de inversión (nacional o extranjera) para que, con base en un contrato revisado por especialistas, gestionara el Fondo para el mayor beneficio posible de los colegiados.
Con alrededor de un millardo de quetzales (unos ciento cuarenta millones de dólares), los fondos contribuidos por los colegiados podrían invertirse en acciones cotizadas en mercados internacionales, en participaciones de instituciones de inversión colectiva nacionales y extranjeras, en bonos soberanos emitidos por diversos Estados, en metales preciosos, etcétera, todos ellos de fácil realización a precios publicados diariamente por las bolsas de valores u otros mercados secundarios de primer orden mundial.
En fin, reza el conocido refrán “zapatero, a tus zapatos” y, en ese sentido, carece de toda lógica y razonabilidad que la gestión del Fondo permanezca en manos de personas, quizás de muy buena voluntad, pero sin el conocimiento y formación técnicos para gestionar eficientemente y con el mayor fruto posible el Fondo, al final de cuentas, para beneficio de todos los colegiados.
