El colectivo #NoNosCallaránGT, UDEFEGUA y la Red Rompe El Miedo GT emitieron un comunicado conjunto en el que evidencia que las acciones del Ministerio Público (MP) confirman la persecución penal arbitraria contra la libertad de expresión.
Recordaron que el Articulo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que «NO constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos».
Por tal razón, aseguraron que las acciones del Ministerio Público violan el precepto
constitucional y confirman la persecusión ilegal, sistemática, y criminalizacion del derecho de libertad de expresión.
Evidenciaron las diligencias de investigación realizadas por el auxiliar Fiscal Allan Javier Tánchez Castañeda, quien solicitó copias certificadas de las publicaciones de 8 periodistas y columnistas, sin contar con autorización judicial, incumpliendo los artículos 245 y 319 del Código Procesal Penal.
Lo que catalogaron como actos de mala fe, al no permitir que se tenga copias del expediente ministerial para el efectivo cumplimiento del consagrado derecho de defensa garantizado por la Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG) para cada uno de los periodistas.
«No solo existe un investigación penal ilegal que viola la Constitución, sino que también la Ley de Libre Emisión del Pensamiento, pues esta última taxativamente expresa que cualquier reclamo contra peridistas por sus publicaciones debe ser ventilado en un Tribunal de imprenta», se lee en el comunicado.
Por ello, el colectivo No Nos Callarán GT, UDEFEGUA y la Red Rompe el Miedo reiteraron que la criminalización dirigida contra periodistas se constituye en una grave violación de derechos humanos que alcanza a toda la ciudadanía, por sus efectos perversos.
