La decisión del juez Jimmi Bremer de autorizar investigar a periodistas, columnistas y las finanzas de los medios de comunicación independientes por solicitud de la Fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Cinthia Monterroso, ha causado rechazo generalizado en Guatemala y en el mundo entero, prendiendo las alarmas de la comunidad internacional sobre la verdadera intención que tiene el Ministerio Público (MP) en el caso contra José Rubén Zamora Marroquín, presidente de elPeriódico.
Y es que la intención perversa que tiene el MP es callar de una vez y por todas a Zamora Marroquín, condenándolo con penas mayores por los supuestos delitos que ha cometido como periodista, para que esto sirva de escarnio a todos aquellos periodistas que se atrevan a criticar o investigar a funcionarios corruptos. También busca criminalizarlo a través de los canales de televisión abierta aliados a estas narrativas de persecución al periodismo independiente. Pero lo que se le olvida al MP es que la verdad no se oculta persiguiendo a periodistas.
La tesis del MP es deleznable desde cualquier punto de vista, porque ahora hasta el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, sale comparando el trabajo periodístico con las amenazas y una serie de delitos que hace el “netcenter”, que nada tiene que ver con el ejercicio del periodismo. Lo que se busca con el periodismo es mantener informada a la población, con datos verídicos y fundados en acciones que tienen sustento, no elucubraciones o información falsa que tienen los “netcenter”, que ahora de la mano de las autoridades de turno parecen ser la misma porquería.
Guatemala está cansada que los funcionarios se sientan intocables y usen la ley para amedrentar a los periodistas, han desvirtuado el espíritu de la Ley de Femicidio en contra de periodistas y medios de comunicación, acusándolos de violencia contra la mujer a sabiendas que no sufren ningún tipo de violencia como miles de mujeres que si lo sufren. Solo por querer callar a la prensa crítica se han pasado por el arco del triunfo el artículo 35 de la Constitución Política de la República, y la Ley de Libre Emisión del pensamiento.
“No constituyen delitos o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”, por lo que todos los funcionarios están expuestos a que la prensa independiente fiscalice su actuar y esto no es un delito.
Las acusaciones de lavado de dinero en contra de Zamora Marroquín y la persecución penal en su contra deben ser personalísimas, pero no por el ejercicio periodístico crítico que ha ejercido por décadas, y mucho menos pensar que todos los medios de comunicación puedan incurrir en prácticas de lavado.
La independencia de la prensa es sagrada, y jamás debe ser puesta en entredicho por los detractores del periodismo que su mayoría son los corruptos que han sido descubiertos en las páginas de los diarios impresos, la radio o los medios digitales.
Nos sumamos a la voz de los colegas que señalan que #NONOSCALLARÁN, porque no se oculta la verdad, persiguiendo a periodistas, y mucho menos se mata la verdad, metiendo presos o asesinando a periodistas. Desde esta tribuna levantamos nuestras voces y nos solidarizamos con todo el gremio periodístico para que #NuncaMás sean perseguidos, por una Guatemala libre de persecución política a los periodistas.
