El término conciencia es tan complejo que tantas definiciones que llega a depender de la perspectiva de quien habla.
Los humanos somos imperfectos y de ahí surge la necesidad de regular nuestras conductas desde las normas mínimas que procuran la convivencia social hasta las reglas que sancionan las transgresiones.
En este trecho, nos encontramos con las regulaciones que rigen el deber ser de un empleado público, entre estos, los fiscales.
Estos entresijos conceptuales los utilizo como punto de partida para referirme a la persecución ilegítima del aparato estatal de la cual, junto con otras cinco decenas de exfuncionarios de justicia, hemos sido víctimas en Guatemala.
Más allá del patrón de la fiscalía –me refiero al montaje de casos, implantación probatoria, uso de redes sociales para preparar escenarios e innumerables factores documentados y abordados– hay otros aspectos que me interesan visibilizar.
Por ejemplo, yo salí de Guatemala hace más de dos años, y es un hecho notorio que me encuentro fuera del país. Aun así, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad impiden el ejercicio de mis derechos constitucionales, arguyendo que según el registro migratorio yo me encuentro dentro de las fronteras nacionales.
En esa misma Corte, se conoce de un amparo, que impugnó la decisión de gestionar mi extradición. ¿Cómo podían gestionar mi extradición si según ellos yo continúo en Guatemala?
Pidieron mi extradición, saben que no estoy en el país y conocen cuál es mi ubicación, han tenido tiempo suficiente para “investigarme”, estigmatizarme y humillarme, pero los disparates no terminan, porque hasta agosto de 2023 en reiteradas ocasiones fueron a buscarme a la vivienda de mis padres.
En agosto de este año demostraron más aun el talante de su calaña. Pidieron mi sexta orden de captura, ahora el hecho es que yo consentí la actuación de otra fiscal en el caso de Blanca Stalling.
De ese “consentimiento” pretendían encontrar pruebas en la casa de mis padres, 25 meses después de mi salida del país. Aunque la orden judicial indica que era para localizarme en dicho inmueble.
Las intenciones son intimidación y hostigamiento. Encontrar dinero en efectivo de mi familia y con eso ahora pretenden encarcelar a mis padres bajo acusación de “lavado de dinero”.
Así han actuado desde tiempo atrás. Hace más de un año pretendieron encarcelar a Claudia González, aduciendo que estaba utilizando un mandato que yo no había firmado.
En agosto de 2023 consiguieron detenerla: neutralizaron a una mujer valiente, que ha procurado mis derechos y los de otros perseguidos. Me dejaron sin representación y sin defensa.
Así puedo narrar una lista de agravios que he sufrido, que se suma a los innumerables ultrajes de los que han sido víctimas mis colegas perseguidos.
La intención es clara, anularme, pero para su desgracia, sigo acá buscando la forma de hacerme escuchar.
Seguirán intentando, porque “muerden por el placer de hacer daño, por pura mala entraña y mala condición”[1].
[1] Rosales Escalona, Rodrigo. “Compañero asaltante”. Columna publicada en el diario “El Popular”, México, 8 de julio de 2017.
