La Corte de Constitucionalidad ha garantizado la toma de posesión de las nuevas autoridades electas, pero le da luz verde al Ministerio Público para continuar sus investigaciones.
Desde que el 25 de junio se supo que Bernardo Arévalo iba a segunda vuelta contra la candidata con el mayor rechazo ciudadano, Sandra Torres, se iniciaron una serie de acciones que muy pronto fueron caracterizadas como un intento de atentar contra la democracia: se temía que el objetivo era impedir la predecible victoria de quién desde entonces, se percibía como el más probable ganador de la segunda vuelta electoral. Durante dos meses, las campañas de desinformación y la narrativa que acompañó la denuncia de firmas falsas en el proceso de constitución del Movimiento Semilla intentaban demostrar una orientación práctica del partido contraria a lo que se decía públicamente, con lo cual se pretendía demostrar la poca idoneidad de dicha opción política. La victoria de Bernardo Arévalo el 20 de agosto modificó la naturaleza de la amenaza: ahora ya no solo se intentaba desprestigiar al nuevo gobierno electo, sino, además, delinear procesos judiciales e institucionales que pudieran amenazar la transición, de manera que muy pronto apareció el concepto de “golpe de Estado no tradicional”: no se trataba en este caso de derrocar a un gobierno ya en funciones por la vía militar, tal como ocurren en los golpes de Estado clásicos, sino de impedir la llegada de un nuevo gobierno electo debido a procesos judiciales en marcha. Durante meses, hemos asistido a una diversidad de amenazas que solamente se delinearon, pero todas ellas tenían la misma característica: disminuían la capacidad de maniobra del nuevo gobierno, o sugerían imposibilidades legales para que las autoridades electas asumieran sus puestos, todo lo cual se percibía como intentos maliciosos por impedir los cambios que el presidente electo había prometido.
Un primer tipo de amenaza fue dirigida por el Ministerio Público, hacia el Partido como tal: se señala que, en el proceso de constitución del partido, el Movimiento Semilla había cometido irregularidades que le habrían impedido nacer a la vida jurídica. De confirmarse este extremo, el nuevo gobierno sería legalmente nulo, ya que se habría postulado con un partido inexistente, jurídicamente hablando. Una amenaza paralela fue sugerir que no solo fueron corruptos a la hora de constituirse, sino que, además, recibieron financiamiento electoral ilícito, lo que agregaría un nivel más de deshonestidad. Una segunda línea de amenazas dirigida por el MP es contra todo el proceso electoral: argumentando un supuesto fraude, se intenta probar que el Semilla se alió con las autoridades del TSE para cometer acciones que le permitieran ganar la primera vuelta electoral, aspecto que también contempla la complacencia de las autoridades electorales a la hora de aceptar las irregularidades en la conformación del partido, haciéndose de la vista gorda para ignorar las irregularidades denunciadas, con lo cual algunas de esas amenazas van dirigidas a la propia autoridad electoral.
Un tipo de amenaza diferente se ciñe desde el Congreso de la República: el primero fue el operacionalizar la supuesta desaparición del Partido del presidente electo, con lo que lograría dejar al nuevo gobierno sin bancada oficial que claramente debilitaría su capacidad de maniobra en el legislativo. Un segundo golpe se definió con la aprobación del presupuesto 2024: no solamente destina fondos a instituciones de dudosa reputación, sino de manera inusual, condiciona al nuevo gobierno a ir al Congreso a negociar cualquier cambio, lo cual es un serio impedimento para la capacidad de acción política de Bernardo Arévalo y su equipo. Una amenaza adicional eran los antejuicios que se tramitaron en tiempo récord: fue así como se quitó la inmunidad a los magistrados del TSE, además del antejuicio al vicepresidente Guillermo Castillo que supuestamente tenía como finalidad promover en tal cargo a un candidato derrotado que pudiera asumir la presidencia, si se lograba impedir la toma de posesión del legitimo presidente electo.
La suma de las amenazas siempre fue sospechosa: de haber habido intención real de impedir la transición, se hubiera ejecutado desde el primer intento, antes de la segunda vuelta electoral: la premisa política era más fácil entonces que ahora. La hipótesis siempre fue que la intención real era demostrar fehacientemente quién mandaba realmente: aún a pesar de las movilizaciones ciudadanas y las amenazas de sanciones políticas y económicas por parte de la comunidad internacional, el grupo golpista siguió tranquilamente en sus amenazas, asumiendo un discurso legalista y de defensa de la soberanía nacional que cautivo seguramente a muchos actores políticos.
La Corte de Constitucionalidad, fiel a su papel ambiguo que jugo desde el inicio, en su última declaración parece aclarar la situación política, al menos de aquí al 14 de enero: se garantiza legalmente que las nuevas autoridades tomen posesión, pero se protegen todos los intentos judiciales e institucionales previos para destruir al nuevo gobierno electo, con lo que se ha definido ya lo que nos espera para el 2024: una intensa batalla política por definir el rumbo de nuestro país en los próximos años. La batalla por Guatemala apenas empieza.
