“Una reforma electoral sistémica y coherente es la clave para fortalecer los cimientos de la democracia, asegurando que el proceso electoral refleje genuinamente la voluntad y diversidad de la sociedad a la que está llamada a servir” María Alejandra Erazo
Hace unos pocos días, la comisión de modernización y reforma electoral -CAME- del 2024, culminó su proceso de discusión sobre la nueva generación de reformas que se proponen para el siguiente ciclo electoral, aspecto que es un objetivo ampliamente requerido por la sociedad civil, debido a los problemas que se tuvieron en el anterior proceso electoral. La apreciación común es que fueron las deficiencias del sistema democrático y de la legislación electoral los que favorecieron la grave crisis política que afrontamos en el 2023, por lo que hay toda una serie de iniciativas que proponen reformas para mejorar el proceso electoral y evitar que los problemas que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, finalmente acaben con el sistema electoral.
La CAME es un procedimiento establecido por la reforma del 2016, por lo que este espacio de discusión ha sido desarrollado en dos ocasiones: en el 2019-2020, y ahora, en el 2024, ambos concluyeron con propuestas de reforma, con la diferencia que la propuesta que emano de la CAME 2019, no produjeron ninguna reforma, por lo que el desafío de la CAME 2024 es que la propuesta recién presentada, finalmente se concrete en una reforma a la legislación electoral.
La propuesta 2024 cuenta con algunas fortalezas, como el hecho de que haya incorporado tres de las demandas ampliamente discutidas en procesos anteriores: en primer lugar, incluye una demanda histórica de los pueblos originarios y de las organizaciones de mujeres, para que se incluya la paridad y la alternancia como un criterio fundamental para elaborar listas de posibles candidatos y candidatas, con la novedad que ahora también se incluye esos criterios para favorecer la inclusión de representantes de los pueblos originarios. Durante más de 20 años, esta demanda ha estado en el tapete de las discusiones, pero también por tradición, ha existido una oposición sistemática que ha impedido que cualquier reforma que vaya en este sentido, prospere. Está por verse si ese veto a la inclusión paritaria de mujeres y pueblos indígenas finalmente se materializa en el sistema político guatemalteco, algo que por cierto, ya es una característica de muchos otros sistemas del mundo.
Una segunda novedad es que se incluye la demanda por abrir las listas de candidatos, de manera que aunque el partido presente listas de candidatos y candidatas en un orden específico, los ciudadanos podrán votar por quienes deseen, aún cuando no sigan el orden establecido por los partidos políticos. Lo que significa esta reforma es que los candidatos y candidatas a diputados ahora tendrán que hacer campaña para sus respectivas candidaturas, porque ahora la votación es bis a bis, lo que favorecerá la rendición de cuentas electoral: un candidato o candidata solo será reelecto, si sus electores piensan que ha hecho un buen trabajo.
Una tercera novedad importante es que esta reforma incluye el tema del empadronamiento automático, lo que es acertado: el doble registro del RENAP y del Registro de Ciudadanos se ha convertido en una barrera a la participación de muchos ciudadanos, que cuentan con DPI pero no con el respectivo empadronamiento. El hecho que ahora se unifique es una buena noticia, porque elimina dicha barrera.
El problema de las tres reformas comentadas es la forma en que se aprobarían -los diputados pueden hacer modificaciones perversas-, y aún cuando se apruebe tal como fue presentado por el Tribunal Supremo Electoral, la segunda duda es como se van a implementar. En el pasado, el diablo ha estado en los detalles; por ejemplo, operacionalizar la lista abierta de diputados requerirá un buen sistema de presentación y conteo de votos, de lo contrario, puede atentar contra la integridad del proceso electoral en su conjunto -el proceso de votación y conteo puede ser muy engorroso y complejo, lo que puede llevar a que la idea de fraude vuelva a rondar en la mente de los ciudadanos-. De igual forma, el unificar los registros del RENAP y del TSE implica que el primero tendrá acceso al padrón electoral, y debido a la forma en que se organiza el directorio del RENAP, puede favorecer la alteración de los registros ciudadanos que podrían configurar un fraude, ya sea focalizado -alguna municipalidad o distrito en particular-, o un fraude a nivel nacional.
Esta por verse si la propuesta de ley presentada avanza en el organismo legislativo, especialmente si habrán adiciones o modificaciones que alteren el contenido de la reforma, de manera que eliminen los aspectos positivos que tal iniciativa tiene.
