Las elecciones generales serán el eje conductor de la opinión este 2023. Ya el año pasado el tema ocupaba amplios espacios noticiosos con la cobertura de las actividades relacionadas con el máximo evento que materializa “la democracia” en Guatemala.
Ya se advertía la actitud de un Tribunal Supremo Electoral (TSE) que legalmente no es supremo y en la práctica está más limitado por su abierto apego a intereses corruptos. Sus orígenes, desde la nominación de los magistrados, estuvieron marcados por cuestionamientos a la opacidad del proceso.
Los disparates con los que arranca oficialmente la temporada electoral, pues, eran previsibles.
Empecemos con la anunciada postulación de Zury Ríos. La prohibición constitucional hacia su participación es anacrónica, pero existe y, por ende, debe ser respetada.
El contenido del artículo 186 literal c) en relación a la literal a) del mismo articulado es claro, y esa es una disposición que no debiera soslayar la autoridad electoral. Pero ya vemos que no fue obstáculo para la inscripción exprés. Allí dejan evidencia de que es una de las candidaturas favoritas del sistema.
A estos actos en favor del binomio de Ríos Sosa, la maquinaria montada por el pusilánime MP, el Organismo Judicial y la Corte de Constitucionalidad, quienes viabilizaron la participación de Héctor Cifuentes, como su candidato a la Vicepresidencia de la República. El candidato estaba involucrado en el caso Caja de Pandora, bajo sospecha de haber utilizado fondos municipales en la financiación de la campaña política del partido Unionista.
La enésima postulación de Sandra Torres, impulsada a esta nueva aventura electoral por la pasividad cómplice de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, y acompañada de una nueva sorpresa: la nominación de Romeo Estuardo Guerra Lemus, un ministro de culto, en evidente transgresión de la literal d) del mismo artículo 186 constitucional.
Como ocurrió con la inscripción de Zury Ríos, la manifiesta infracción constitucional, fue dolosamente inadvertida por el Registrador de Ciudadanos.
No corrió la suerte de dos de las parejas favoritas de la alianza criminal, la solicitud de inscripción de la dupla del Movimiento para la Liberación de los Pueblos.
En fraude de ley y solo después de la asamblea nacional de la agrupación partidaria de izquierda, y cuando solo faltan días para la convocatoria a elecciones, se reglamentó sobre la constancia transitoria de inexistencia de cargos. Una dedicatoria al eventual vicepresidenciable de esa agrupación política.
Sumado a estas circunstancias, el Registrador de Ciudadanos se las jugó por el Pacto de Corruptos e incluyó en la fundamentación de la resolución que rechazó al binomio, afirmaciones revestidas de falsedad, que, en condiciones de Estado de Derecho, obligarían a su destitución.
Pero hablamos de Guatemala, donde el Tribunal Supremo Electoral juega las cartas que corresponden a su armonía con un sistema anacrónico: displicencia con los yerros del amigo y rigor con los planteamientos del enemigo.
Sólo ha transcurrido una semana desde la convocatoria a elecciones ….¡y lo que falta!
