Dos instituciones que históricamente han jugado un papel trascendental en la vida del país, brillan por su ausencia en este momento crucial para la democracia. Me refiero a la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Colegio de Abogados y Notarios.
La Universidad de San Carlos de Guatemala, la única institución educativa superior pública del país, con casi 350 años de historia, tiene como función la promoción de la investigación en todas las esferas del saber humano y entre sus objetivos se encuentra la cooperación en el estudio y solución de los problemas nacionales.
Como máxima casa de estudios superiores, la regulación legal le otorga roles importantes, como facultarla con exclusividad para la incorporación a los egresados de universidades extranjeras, así como la participación activa en al menos 53 instancias estatales.
Sus ejes de actuación, debieran ser la investigación, la docencia y la extensión universitaria y por medio de ésta última proyectarse con la comunidad guatemalteca en cuya problemática está inmersa.
Lejos quedó la participación de la universidad pública en la gesta de octubre de 1944, la denuncia de los propósitos de la contrarrevolución en 1954, su liderazgo en las demandas de marzo y abril de 1962, su papel frente al golpe de estado de 1963, las vidas valiosas de docentes y estudiantes que se perdieron en el marco del conflicto armado, período en el que la universidad fue víctima de un estruendoso asedio de los sucesivos gobiernos militares.
Cuando utilizo el adverbio “lejos” al iniciar el parágrafo anterior, lo utilizó no solo como referencia al tiempo transcurrido, sino a la estatura moral de la USAC en aquellos tiempos y el desastroso papel que ha jugado en el último momento histórico.
Para muestra, un par de ejemplos: La elección de magistratura por el Consejo Superior Universitario para la Corte de Constitucionalidad a inicios de marzo de 2021, cuando fue evidente el papel injerencista del gobierno central, como nunca antes y donde finalmente fue electa Gloria Porras como magistrada, pero que finalmente tuvo un agrio desenlace.
Otro ejemplo, igual de vergonzoso fue la elección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos. Frente a nuestros ojos pasó una elección fraudulenta, que tuvo focos de valiosa resistencia estudiantil, pero el tiempo pasó y permitió la consolidación de la voluntad de las mafias gremiales que se han apoderado de mi querida casa de estudios.
Que dirían sancarlistas referentes, Miguel Ángel Asturias, Rafael Arévalo Martínez, Emilio Arenales Catalán, José Batres Montúfar, Alfonso Baüer Paiz, Hugo Carrillo, Oliverio Castañeda de León, Otto René Castillo, José Cecilio del Valle, José Manuel Fortuny, Alberto Fuentes Mohr, Manuel Galich, Carlos Guzmán Böckler, Flavio Herrera, Rafael Landívar, Clemente Marroquín Rojas, José Milla y Vidaurre, Adolfo Mijangos López, Adolfo Molina Orantes, Mario Monteforte Toledo, Mario Payeras, Georgina Pontaza, Saúl Osorio Paz, Martín Prado Vélez, Efraín Recinos, Adrián Recinos, Francisco Villagrán Kramer y muchos etcéteras, con respecto al nulo papel de la universidad estatal en la situación compleja que vive hoy el país.
A la par de ese papel mediocre de la universidad pública, tenemos la actuación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, con más de 210 años de historia, pero fue hasta 1947 en el marco de la primavera democrática que se formalizó su institucionalidad.
En honor a esa rica historia y siendo fruto del legado del decenio 1944-1954, los abogados (y profesionales afines colegiados, como sociólogos, politólogos e internacionalistas) este colegio profesional ha sido proveído de importantes funciones por el sistema legal del país, como la facultad de designar a un magistrado titular y un suplente de la Corte de Constitucionalidad
También tienen representantes dentro de las comisiones de postulación para magistrados de altas cortes (Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones), Fiscal General y Procurador de los Derechos Humanos.
Este papel del Colegio de Abogados se suma al espacio que se otorga a las facultades de derecho en otros procesos de selección.
Se documentó en casos como Comisiones Paralelas I y II, el papel lamentable que juega esta instancia gremial, al alinearse con actores con poder económico, actores políticos y el crimen organizado.
Y somos testigos de como han desfilado situaciones inauditas, como las leyes pro impunidad de septiembre de 2017, la manipulación y presiones para el renombramiento de Consuelo Porras como fiscal general, la excesiva judicialización e irrespeto a la Constitución y leyes constitucionales en el actual proceso electoral, y lo que hemos obtenido del CANG, es ese amargo silencio cómplice.
Tanto la Universidad de San Carlos de Guatemala, como el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala tienen responsabilidades legales, históricas y este debe ser el momento en que los ciudadanos les exijamos, no solo respuestas, sino las propuestas que son tan necesarias para el encausamiento de las corrompidas instituciones del país.
