La justicia es un concepto tan amplio que todos relacionamos con virtudes, derecho, razón y equidad. El término también lo vinculamos con las palabras “pena” y “castigo”, efecto de una infracción. En todo caso, la asociamos a la idea de una reparación.
En cambio, la venganza es entendida como la satisfacción que se toma del agravio o daño recibidos.[1] La venganza tiene un objetivo injurioso: forzar a quien haya hecho algo malo a sufrir el dolor que provocó.
Bajo esta última vision, actúa el sistema judicial guatemalteco hoy.
Los detractores mas fuertes del trabajo de la CICIG son la clase política y empresarial expuestos en graves actos de corrupción que vieron como la justicia estaba cerca de sancionarles.
Ellos no interpretaron el acercamiento de la justicia como un esfuerzo reparador para la sociedad, sino se sintieron perjudicados por un organismo “ajeno”, “extraño”, “invasivo”, llegara a Guatemala a “contarles las costillas” Por eso empezaron a construir la narrativa de victimización.
En ese afán, apoyados por intelectuales conservadores orgánicos, medios de comunicación y sus troles del Internet, difundieron esa versión. Más allá de todos los hechos que han sido suficientemente narrados, sobre el aplacamiento del esfuerzo anticorrupción, el exilio, etc., lo que no ha sido suficientemente abordado es la instrumentalización del sistema de justicia como herramienta de venganza.
Tenemos varios ejemplos. Cuando se criticó en redes sociales, sobre el excesivo tiempo en que varias operadoras judiciales criminalizadas permanecieron en prisión provisional, los adláteres de la narrativa vengativa, respondían: “Miguel Ángel Gálvez y ellos también lo hicieron”.
Cuando se apunta al excesivo plazo de prisión preventiva para los presos de conciencia,[2]la respuesta favorita de los detractores es: “ellos también lo hicieron”.
No se propone una solución a las deficiencias de la administración de justicia, más allá de lo visible que ha sido la diferencia entre los sólidos casos que se presentaban en la era de la CICIG y los montajes con los que el ordenamiento judicial actual avanza para cumplir con el afán vengativo, al que se prestan jueces y fiscales inescrupulosos.
Es tal el nivel antiético de los abogados que se prestan a estas triquiñuelas, que lo hemos visto recientemente en el caso de criminalización del fiscal Stuardo Campo, en el que existen vicios de un interés personal de venganza de un acusado por el fiscal Campo, quien actúa por medio de la fiscal que gestiona el caso.
Esa sed vengativa, la he vivido de muchas formas, como lo evidencian los comentarios que mis detractores hacen a lo que publico en redes sociales.
Más directamente, la situación con la fiscal Cinthia Monterroso, quien fue mi subordinada y a quien debí denunciar por la utilización de su puesto de trabajo para realizar averiguaciones de asuntos personales.
Sin embargo, en el momento en que se dio la instrucción de perseguirme, ella incumplió su deber legal y ético de excusarse y, por el contrario, afianzó sus ataques, utilizó el cargo y la plataforma que da la fiscalía para vengarse.
Esa fiscal aún ejerce función pública y pese a la normativa de la fiscalía, utiliza las redes sociales para atacarme, sin temor a sufrir consecuencias por ello.
Más allá de las regulaciones, no debemos perder de vista que las instituciones del sector justicia están conformadas por individuos, que deben ser capaces, éticos y dignos, quienes, entre otros aspectos, deben tener claro que la justicia no es venganza.
[1] Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
[2] Así lo ha declarado Amnistía Internacional y el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas Sobre Detenciones Arbitrarias
